El Gobierno insinuó ayer claramente en la sede donde reside la
soberanía nacional, el Congreso de los Diputados, lo que los
mercados dan por hecho desde hace días. A tenor de la rentabilidad
que nos exigen para comprar nuestra deuda, habrá más recortes en los
próximos días, y no se descarta, si la deriva del país sigue así,
que se produzca la intervención formal en el mes de agosto.
Mientras los españoles se echaban a la calle para protestar por
los recortes, fue de nuevo el Ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, en el epicentro de la polémica desde hace varios días,
quien lanzó el aviso a navegantes. Si el miércoles era el sueldo de
los funcionarios, ayer el problema se centraba en los servicios
públicos. "No hay dinero en las arcas públicas, no hay dinero para
pagar los servicios públicos". El ministro aboga por renunciar a las
prestaciones públicas que no son financiables. "Nos conviene
renunciar a ellas si queremos conseguir factores de éxito, y debemos
explicar sin subterfugios que lo que no se puede pagar es ineludible
quitarlo porque lo que hace es lastrar las posibilidades de
bienestar de los ciudadanos".
¿Y qué es lo que el Gobierno piensa que no se puede pagar? Una
lista larga de servicios públicos que prestan tanto el Estado, como
las autonomías y ayuntamientos, que van desde actividades
asistenciales a servicios culturales, informativos o de transporte
ferroviario y que supondrían el cierre en cascada de empresas
públicas, organismos, fundaciones y televisiones públicas. Es muy
posible que nos exijan pagar por casi todo los servicios que queden
en pie o al menos sufragar una parte de ellos.
También es muy probable que se implante peaje en toda la red de
autovías ahora gratuitas para financiar el mantenimiento de las
mismas, que absorbe más de 1.000 millones de euros al año. La medida
se puede aprobar ahora pero tardaría un año en ser efectiva a la
espera de instalar el sistema de pago en todas las carreteras.
Además, de la anterior batería de ajustes está pendiente el anunc
io
de una fuerte subida de las gasolinas y no se descartan subidas
adicionales del precio de la luz y del gas.
Si el escenario no mejora, podríamos ver en breve la intervención
directa por el Estado de alguna autonomía cuyos números no cuadran
ni tienen perspectiva de hacerlo.
Distintos expertos y analistas consideran inevitable que, ante el
desplome de los ingresos fiscales, el Gobierno toque el único
compromiso electoral que hasta ahora ha mantenido: las pensiones
vigentes. Es una de las tres grandes partidas de gasto del Estado,
junto a la nómina de los funcionarios y desempleo. Una de las pagas
extra de los jubilados podría estar también en peligro.
