Los caminos de la tijera son inescrutables. Castilla-La Mancha
abrió la veda al anunciar un tajo del 20% (1.815 millones) en sus
cuentas públicas de 2012. Le siguieron Extremadura (hasta un 20%) y
Murcia (18%, 800 millones). Otras regiones, como Castilla y León,
que ha aplazado su debate de presupuestos hasta después de las
elecciones generales, prevén recortes que no concretan. El motivo:
no interferir en la estrategia de Mariano Rajoy, cuyo discurso
bascula entre el silencio y la calculada indefinición. Sobre la
mesa, un recorte de más de 4.000 millones.
Extremadura: La incógnita del 10%
El margen es amplio. La horquilla de los recortes oscilará entre
un 10% (519 millones) y un 20% (1.038), según avanzó a principios de
mes el presidente regional, José Antonio Monago. Sin adelantar
medidas impopulares, el dirigente se limitó a presentar un primer
paquete que fueron calificadas de “cosméticas” por la oposición
socialista. El primer adelanto de Monago incluye la reducción a la
mitad de las partidas de publicidad y propaganda (22 millones, este
año, según estimaciones de EL PAÍS), la de estudios técnicos (20) o
el recorte de un 75% de las partidas de publicidad y propaganda. El
popular, que sacará adelante previsiblemente sus presupuestos con la
abstención de los tres diputado de IU que respaldaron su
investidura, anunció una severa reducción de gastos para contener un
déficit que la Junta cifra en 1.280 millones (6,8% del PIB
autonómico) que los socialistas rebajan a 500 (2,7%). El
expresidente socialista Guillermo Fernández Vara ha advertido esta
mañana que el recorte de “hasta el 20%” acabe rebasando las líneas
rojas, la sanidad, educación y las políticas sociales.
Murcia: La tijera planea sobre la sanidad y la
educación
El Gobierno del popular Ramón Luis Valcárcel, atenazado por una
deuda de 2.106 millones de euros (8,5% del PIB autonómico), prepara
unos presupuestos “innovadores”, según valora un portavoz del área
de Economía. Sus cuentas encajarán un tijeretazo el próximo año de
hasta el 18% (800 millones), una sexta parte de las cuentas de 2011
(4.800). Sin concretar qué partidas sufrirán la tijera, Valcárcel se
comprometió a “no tocar” las políticas sociales. Sin embargo, el
jefe del Ejecutivo autónomo anunció la semana pasada una “reducción”
del capítulo de inversiones en la financiación de las universidades
de la Región. La afirmación hizo temer lo peor a los responsables
universitarios, que prevén que se congelen las actuaciones previstas
en la Escuela de Arquitectura e Ingeniería e Ingeniería Civil (UPCT)
o el Campus de Ciencias de la Salud (UMU). Los futuros recortes
presupuestarios se suman al plan de ajuste de 1.000 millones que el
Gobierno de Valcárcel aprobó en diciembre y que movilizó a miles de
personas contra su gobierno. El déficit sanitario de la Región
-1.077 millones- ha llevado a Murcia a barajar un "ajuste" en el
Sistema Murciano de Salud, que comportará la reducción de horarios
en ambulatorios y centros sanitarios con menos pacientes, según
adelantó EL PAÍS. El consejero de Economía de la región, Salvador
Marín, ha reducido su presencia pública para cuadrar las cuentas
públicas del próximo año, según un portavoz. El PSOE de Murcia
reprocha un recorte del 27 millones en Educación para 2012 y la
disminución en un 30% las subvenciones para atención de dependientes
e inmigrantes.
Castilla y León: Recortes “de tapadillo” tras
el 20-N
“No aplicaremos los recortes de Cospedal”, advirtió el Ejecutivo
que preside con mayoría absoluta el popular Juan Vicente Herrera,
tras conocer el tajo del 20% que avanzó la presidenta de Castilla La
Mancha. El Gobierno de Castilla y León, que arrastra un exiguo
déficit del 1,1% del PIB y no ha adelantado cifras sobre recortes,
ha reducido los servicios sociales –46 millones menos- y la vivienda
-53-. La tijera afecta, según el PSOE, a la eliminación de ayudas a
centros de discapacitados, los programas de conciliación de la vida
laboral y familiar y el abandono de 10 líneas de ayuda para
vivienda. En el ámbito educativo, el PSOE denuncia un frenazo en el
presupuesto en curso de hasta el 10% en la construcción de centros.
El próximo pleno en el parlamento regional para debatir los
presupuestos debía tener lugar el 15 de noviembre, pero el Ejecutivo
de Herrera lo ha aplazado hasta el 22 de noviembre. “Nos tememos que
el cambio de fecha sea para anunciar los recortes después de las
elecciones”, explica a EL PAÍS el portavoz económico socialista en
el parlamento regional Julio López
Aragón: “eficiencia educativa”
Aragón ha puesto en marcha un severo plan de choque, que
contempla recortes de gasto y ajustes presupuestarios, según el
PSOE. La Comunidad que preside desde el 22-M la Luisa Fernanda Rudi
mantuvo a raya su déficit en el primer semestre -0,63% del PIB-,
pero esboza la tijera para poder contener sus gastos de cara a no
rebasar el límite de 1,3% del PIB impuesto por Economía. La región
ha abierto la vía a pago de libros de texto y comedor en función de
las rentas, según los socialistas, que denuncian falta de concreción
en la forma de abordar sus propuestas en educación, sanidad y
servicios sociales y la gestión en el ámbito cultural. Las cifras no
se concretan, pero la comunidad podría incluir medidas para combatir
el gasto en el próximo presupuesto. Rudi, a cuenta de la reducción
de profesores interinos de la Comunidad de Madrid, se refirió a “un
uso eficiente de los recursos disponibles” en educación, lo que
desde las filas socialistas se interpretan como recortes.
Canarias: recortes locales
Canarias avanza a buen ritmo hacia el cumplimiento de sus
objetivos de déficit. Sin embargo, el PSOE denuncia recortes en los
ayuntamientos insulares gobernados por el PP. Como ejemplo, Las
Palmas, donde el consistorio contempló un ahorro de tres millones de
euros mediante la supresión de la asistencia domiciliaria a 1.000
personas, mujeres sin recursos y de más de 65 años, principalmente,
según adelantó EL PAÍS.
La Rioja, nuevos impuestos y 'plan de austeridad'
La Rioja, donde el PP gobierna con mayoría absoluta desde 1995,
anunció el 2 de septiembre septiembre un “plan de austeridad”, que
incluirá, entre otras medidas, la disminución de los liberados
sindicales —ahora hay 103— y un nuevo impuesto medioambiental para
las empresas energéticas, cuya recaudación no precisó. La Rioja
arrastra una deuda de 726 millones de euros (el 9% del PIB
regional). Sin concretar qué partidas sufrirán la tijera y su coste
laboral, el presidente autonómico explicó que pretende “crear
empleo” —la tasa de paro de La Rioja es de 14,26%, tres puntos y
medio menos que la media española—.
