La cascada de recortes en las comunidades autónomas se desliza
imparable. Navarra y Baleares han escrito el hasta ahora último
capítulo de una serie de ajustes que ya están afectando a servicios
básicos como la sanidad y la educación. Extremadura, Murcia y
Castilla y León reducen hasta un 20% sus cuentas públicas mientras
la Generalitat de Cataluña evita cuantificar las partidas congeladas
a las residencias.
La precampaña electoral discurre enzarzada en cómo va a afrontar
el mantenimiento del Estado del bienestar el partido que salga
vencedor de las elecciones y llegue a La Moncloa, mientras
prácticamente todas las autonomías apuran la tijera, aunque en
direcciones distintas. El Rey ha admitido hoy que España tendrá que
hacer "bastantes" sacrificios.
El Gobierno de Navarra ha aprobado un recorte de gasto de los
presupuestos de este año por importe de 190,6 millones de euros, y
terminará el año con otro de 61,76 millones (a los que habrá que
sumar otros 41,9 en concepto de inejecución presupuestaria) hasta
alcanzar los 294,3 millones de euros. El acuerdo, según la
presidenta, Yolanda Barcina, “requiere comprensión” por parte de la
sociedad para cumplir el déficit del 1,3% “y no poner en riesgo el
empleo futuro”.
Los departamentos de Educación y Salud son los menos afectados,
mientras que Cultura y Turismo verá reducido su presupuesto en más
de un 12% y Desarrollo Rural, Empleo y Medio Ambiente, en un 10%. Se
trata, según el vicepresidente primero, el socialista Roberto
Jiménez, de una decisión “dolorosa”, porque son “muchos millones”, y
supone “un gran esfuerzo para todos”.
La cifra final del recorte es algo inferior a la prevista
inicialmente, que ascendía a 327,27 millones, dada la mejor
previsión de ajustes fiscales con el Estado, lo que incrementaría
los ingresos por ajustes de contabilidad nacional en 11 millones de
euros. En concreto, el ajuste es de 190,6 millones de euros del
Presupuesto de 2011 y se recoge en 1.334 partidas en las cuentas de
este año o se aplazan para su ejecución en 2012. Este paso se
completará en lo que resta de año con otras medidas de ajuste para
conseguir un ahorro adicional de 61,76 millones de euros, así como
con la previsión ordinaria de inejecución presupuestaria del 1%
(41,90 millones).
Barcina, que ha comparecido en rueda de prensa esta mañana
acompañada por su Ejecutivo en pleno, ha subrayado que la Comunidad
foral quiere contribuir con este acuerdo “a la economía nacional en
función de lo que nos corresponde”. Los pilares de la económica
navarra, ha añadido, “son sólidos pero estamos en una situación
complicada que nos obliga a estos ajustes necesarios”.
Así, ha recalcado, el Gobierno de coalición de UPN-PSN, cuya
estabilidad se ha puesto en entredicho en las últimas semanas tras
el acuerdo entre UPN y PP para acudir juntos a la cita del 20-N, ha
tomado esta decisión “por unanimidad”, con unas “duras y valientes
medidas para garantizar el mejor futuro para Navarra”. Y ha
enfatizado: “El hecho de que el Ejecutivo sea capaz de tomar estas
decisiones con acuerdo es la mejor garantía para nuestra economía en
los próximos cuatro años”.
Por su parte, Roberto Jiménez ha explicado que el Ejecutivo es
“consciente” de que el ajuste es “duro” y “doloroso”, “pero nuestra
obligación es actuar con determinación y transparencia, porque nos
esperan tres meses muy complicados para que el futuro sea mejor. O
esto, o todo se complica mucho”. En este mismo sentido se ha
pronunciado el consejero de Economía, Álvaro Miranda, para quien
este acuerdo es una decisión “estratégica” y ha asegurado que
Standard&Poors respalda la deuda navarra "porque conoce los
ajustes".
Los departamentos menos afectados son los de Educación, que
ajusta el 1,5% de su presupuesto, (con un duro recorte de 4 millones
de euros para la Universidad Pública de Navarra) y Salud, el 3,6%.
Presidencia, Administraciones Públicas e Interior ajusta el 4,3% de
su presupuesto; Economía y Hacienda, un 4,8%; Política Social,
Igualdad, Deporte y Juventud, un 4,9%; Fomento y Vivienda, un 5,3%;
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, un 10%; y el
Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, el
más afectado por el ajuste, reduce su presupuesto en un 12,3%. Las
partidas destinadas a la construcción del Tren de Alta Velocidad no
se verán afectadas, mientras que los Ayuntamientos dejarán de
recibir este año 11,7 millones de euros, el 7% del presupuesto
consignado.
Entre las áreas a las que más se aplicará la tijera, destacan las
prestaciones farmacéuticas, con un recorte de 18,2 millones de
euros, el 12% del presupuesto consignado; el Pabellón Polideportivo
de Navarra, con 14,5 millones menos; la conservación de las
carreteras, con 5,6 millones; los
Juzgados de Tudela, cuya asignación se reduce en 2,8 (un
52,7 por ciento) o el Plan de
Empleo, con 2,4 millones (el 4,4 por ciento), entre otros.
Baleares: 800 empleados públicos
El Gobierno de Baleares ha ofrecido hoy la cifra de 800 empleados
afectados por la fusión y eliminación de las empresas públicas –que
pasarán de 168 a 76–, pero el presidente autonómico, José Ramón
Bauzá, del PP, no quiso concretar más, ni detallar cómo y cuándo se
procederá a la extinción de los contratos. El Gobierno de Bauzá
anunció la no renovación de los contratados laborales a tiempo
definido de la Administración y la progresiva reducción de los
interinos al acabar su función en anteriores decisiones. En Baleares
existen unos 5.000 interinos y laborales, sobre todo en las áreas de
educación y salud.
De los 3.500 contratados de las compañías regionales –con la
excepción de las plantillas de Salud- los 800 empleos indicados
quedan afectados por el tijeretazo en el llamado sector público
instrumental de Baleares. Se reducen los sueldos, alquileres e
inversiones. El Gabinete ha entregado a los periodistas apenas un
folio y medio de resumen sumario de su plan. El anuncio del recorte
de empresas lo han protagonizado Bauzá, el vicepresidente económico
José Ignacio Aguiló y el jefe de la Oficina de Control
Presupuestario, Joaquín García.
Bauzá ha asumido el coste de las decisiones que afectan a
personas. Asegura que es la empresa privada la que tiene que crear
puestos de trabajo y que su promesa electoral fue reducir las
compañías públicas. Auguró que en adelante muchos inversores a los
que recibe en su despachocomenzarán a activar la economía de
Baleares.
El tijeretazo de casi la mitad de compañías del sector público
representará un ahorro de 115 millones anuales. La deuda acumulada a
proveedores es de 257 millones, que se quiere enjaguar en dos años.