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NAVARRA Y BALEARES SE SUMAN A LOS RECORTES 

La cascada de recortes en las comunidades autónomas se desliza imparable. Navarra y Baleares han escrito el hasta ahora último capítulo de una serie de ajustes que ya están afectando a servicios básicos como la sanidad y la educación. Extremadura, Murcia y Castilla y León reducen hasta un 20% sus cuentas públicas mientras la Generalitat de Cataluña evita cuantificar las partidas congeladas a las residencias.

La precampaña electoral discurre enzarzada en cómo va a afrontar el mantenimiento del Estado del bienestar el partido que salga vencedor de las elecciones y llegue a La Moncloa, mientras prácticamente todas las autonomías apuran la tijera, aunque en direcciones distintas. El Rey ha admitido hoy que España tendrá que hacer "bastantes" sacrificios.

El Gobierno de Navarra ha aprobado un recorte de gasto de los presupuestos de este año por importe de 190,6 millones de euros, y terminará el año con otro de 61,76 millones (a los que habrá que sumar otros 41,9 en concepto de inejecución presupuestaria) hasta alcanzar los 294,3 millones de euros. El acuerdo, según la presidenta, Yolanda Barcina, “requiere comprensión” por parte de la sociedad para cumplir el déficit del 1,3% “y no poner en riesgo el empleo futuro”.

Los departamentos de Educación y Salud son los menos afectados, mientras que Cultura y Turismo verá reducido su presupuesto en más de un 12% y Desarrollo Rural, Empleo y Medio Ambiente, en un 10%. Se trata, según el vicepresidente primero, el socialista Roberto Jiménez, de una decisión “dolorosa”, porque son “muchos millones”, y supone “un gran esfuerzo para todos”.

La cifra final del recorte es algo inferior a la prevista inicialmente, que ascendía a 327,27 millones, dada la mejor previsión de ajustes fiscales con el Estado, lo que incrementaría los ingresos por ajustes de contabilidad nacional en 11 millones de euros. En concreto, el ajuste es de 190,6 millones de euros del Presupuesto de 2011 y se recoge en 1.334 partidas en las cuentas de este año o se aplazan para su ejecución en 2012. Este paso se completará en lo que resta de año con otras medidas de ajuste para conseguir un ahorro adicional de 61,76 millones de euros, así como con la previsión ordinaria de inejecución presupuestaria del 1% (41,90 millones).

Barcina, que ha comparecido en rueda de prensa esta mañana acompañada por su Ejecutivo en pleno, ha subrayado que la Comunidad foral quiere contribuir con este acuerdo “a la economía nacional en función de lo que nos corresponde”. Los pilares de la económica navarra, ha añadido, “son sólidos pero estamos en una situación complicada que nos obliga a estos ajustes necesarios”.

Así, ha recalcado, el Gobierno de coalición de UPN-PSN, cuya estabilidad se ha puesto en entredicho en las últimas semanas tras el acuerdo entre UPN y PP para acudir juntos a la cita del 20-N, ha tomado esta decisión “por unanimidad”, con unas “duras y valientes medidas para garantizar el mejor futuro para Navarra”. Y ha enfatizado: “El hecho de que el Ejecutivo sea capaz de tomar estas decisiones con acuerdo es la mejor garantía para nuestra economía en los próximos cuatro años”.

Por su parte, Roberto Jiménez ha explicado que el Ejecutivo es “consciente” de que el ajuste es “duro” y “doloroso”, “pero nuestra obligación es actuar con determinación y transparencia, porque nos esperan tres meses muy complicados para que el futuro sea mejor. O esto, o todo se complica mucho”. En este mismo sentido se ha pronunciado el consejero de Economía, Álvaro Miranda, para quien este acuerdo es una decisión “estratégica” y ha asegurado que Standard&Poors respalda la deuda navarra "porque conoce los ajustes".

 Los departamentos menos afectados son los de Educación, que ajusta el 1,5% de su presupuesto, (con un duro recorte de 4 millones de euros para la Universidad Pública de Navarra) y Salud, el 3,6%. Presidencia, Administraciones Públicas e Interior ajusta el 4,3% de su presupuesto; Economía y Hacienda, un 4,8%; Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, un 4,9%; Fomento y Vivienda, un 5,3%; Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, un 10%; y el Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, el más afectado por el ajuste, reduce su presupuesto en un 12,3%. Las partidas destinadas a la construcción del Tren de Alta Velocidad no se verán afectadas, mientras que los Ayuntamientos dejarán de recibir este año 11,7 millones de euros, el 7% del presupuesto consignado.

Entre las áreas a las que más se aplicará la tijera, destacan las prestaciones farmacéuticas, con un recorte de 18,2 millones de euros, el 12% del presupuesto consignado; el Pabellón Polideportivo de Navarra, con 14,5 millones menos; la conservación de las carreteras, con 5,6 millones; los Juzgados de Tudela, cuya asignación se reduce en 2,8 (un 52,7 por ciento) o el Plan de Empleo, con 2,4 millones (el 4,4 por ciento), entre otros.

Baleares: 800 empleados públicos

El Gobierno de Baleares ha ofrecido hoy la cifra de 800 empleados afectados por la fusión y eliminación de las empresas públicas –que pasarán de 168 a 76–, pero el presidente autonómico, José Ramón Bauzá, del PP, no quiso concretar más, ni detallar cómo y cuándo se procederá a la extinción de los contratos. El Gobierno de Bauzá anunció la no renovación de los contratados laborales a tiempo definido de la Administración y la progresiva reducción de los interinos al acabar su función en anteriores decisiones. En Baleares existen unos 5.000 interinos y laborales, sobre todo en las áreas de educación y salud.

De los 3.500 contratados de las compañías regionales –con la excepción de las plantillas de Salud- los 800 empleos indicados quedan afectados por el tijeretazo en el llamado sector público instrumental de Baleares. Se reducen los sueldos, alquileres e inversiones. El Gabinete ha entregado a los periodistas apenas un folio y medio de resumen sumario de su plan. El anuncio del recorte de empresas lo han protagonizado Bauzá, el vicepresidente económico José Ignacio Aguiló y el jefe de la Oficina de Control Presupuestario, Joaquín García.

Bauzá ha asumido el coste de las decisiones que afectan a personas. Asegura que es la empresa privada la que tiene que crear puestos de trabajo y que su promesa electoral fue reducir las compañías públicas. Auguró que en adelante muchos inversores a los que recibe en su despachocomenzarán a activar la economía de Baleares.

El tijeretazo de casi la mitad de compañías del sector público representará un ahorro de 115 millones anuales. La deuda acumulada a proveedores es de 257 millones, que se quiere enjaguar en dos años.   Fuente

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