El Gobierno de Estados Unidos mantiene hasta el
momento una postura de cuidadosa neutralidad en el conflicto
sobre YPF, dando prioridad a las relaciones políticas con
Argentina y América Latina sobre el daño que la medida anunciada
por Cristina Fernández de Kirchner puede representar para la
promoción del libre comercio.
En todas las oportunidades en que miembros de la
Administración norteamericana se han pronunciado en los últimos
días sobre el caso YPF, han optado por declaraciones muy
prudentes en las que se evita el apoyo a la posición española
con el fin de no provocar la reacción de la presidenta
argentina.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, en una
rueda de prensa en Brasil el pasado lunes, manifestó, sin
mencionar directamente a YPF ni a Argentina: “Tener un mercado
abierto es el modelo preferible. Los modelos que incluyen la
competencia y el acceso a los mercados han tenido más éxito en
todo el mundo. Las decisiones tomadas por diferentes países son
decisiones que tienen que justificarse y con las que tienen que
vivir a partir de ahora. Esta será una decisión muy debatida y
con razón. Un mercado abierto de energías y productos básicos es
el mejor modelo de competencia y acceso a los mercados”. No
quiso ser más precisa porque dijo desconocer los detalles del
asunto.
Ese mismo día, preguntado por EL PAÍS, el portavoz
del Departamento de Estado Mark Toner envió por escrito la
siguiente reacción a la expropiación de YPF: “Sabemos que la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una propuesta de
ley para nacionalizar las participaciones de control en la
compañía energética Repsol-YPF. Estamos siguiendo el desarrollo
del asunto. No estamos al tanto de ninguna queja ante la
Organización Mundial de Comercio sobre el asunto”. El mismo
portavoz dijo hoy que se ratificaba en sus anteriores palabras y
que solo tenía que añadir que su Gobierno apoya "una mayor
diversidad de la explotación de recursos energéticos, no menor".
Durante la reciente cumbre de Cartagena, el
presidente Barack Obama mantuvo una reunión bilateral con la
presidenta Fernández de Kirchner. Oficialmente, el asunto de YPF
no fue abordado. Preguntado sobre ese problema y otros que
afectan a las relaciones comerciales entre Argentina y EE UU,
Ben Rhodes, consejero nacional de seguridad adjunto de la Casa
Blanca, manifestó: “Tenemos diferencias ocasionales con
Argentina, pero no queremos que eso complique nuestra amplia
cooperación en cuestiones económicas, de energía y de
seguridad”.
La importancia que Washington concede a las
relaciones con Argentina, el segundo mayor país de América del
Sur, tras Brasil, es una de las razones que explican la prudente
reacción de EE UU hasta el momento. La Administración
norteamericana no quiere convertir a Fernández de Kirchner en
una versión actualizada de Hugo Chávez e intenta evitar palabras
que den argumentos a la presidenta argentina para presentarse
como la víctima de una agresión internacional. Tampoco Fernández
de Kirchner parece interesada en provocar en exceso a
Washington, y ha tenido la precaución de excluir de la
expropiación al capital estadounidense que participa en YPF.
Al mismo tiempo, estas primeras reacciones de altos
funcionarios estadounidenses sugieren que no disponen de
información suficiente sobre el largo conflicto de Repsol con
las autoridades argentinas, tanto por la deficiencia del
desempeño de los responsables de América Latina en la
Administración como por la falta de datos suministrados por el
Gobierno español.
Repsol, por su parte, tampoco es una empresa que
goce de
grandes simpatías en Washington, especialmente, en el Congreso,
debido a sus actividades empresariales en Cuba. El año pasado
varios miembros de la Cámara de Representantes, encabezados por
la presidenta del comité de Relaciones Exteriores, Ileana Ros-Lehtinen,
de origen cubano, enviaron cartas al presidente Obama y a
Antonio Brufau, presidente de Repsol, en las que advertían que
los negocios de esa compañía en la isla representaban una
violación de las leyes norteamericanas.
La neutralidad de EE UU en esta crisis supone un
claro contraste con la política de mercados abiertos y libre
competencia que Obama fomentó en la cumbre de Cartagena y
defiende de forma constante en otros foros. Ese contraste se
hace particularmente llamativo al tratarse de un país, como
Argentina, que pertenece al G-20, un organismo esencialmente
concebido para facilitar el intercambio entre el mundo
desarrollado y los países en desarrollo. Fuente
