De la verborrea y las amenazas a los hechos. El Gobierno argentino
estaría estudiando diversas fórmulas para comprar al menos un 33% de
las acciones de YPF, filial argentina de la multinacional española
Repsol, que controla el 57% del capital. Con esta operación, que ha
adelantando el diario «El Cronista», el Ejecutivo de Cristina
Fernández de Kirchner pretendería contar con cuatro consejeros en la
cúpula de la petrolera y tomar de nuevo el control de la compañía.
Desde su privatización, en 1999, el Gobierno bonaerense se ha
quedado con un número insignificante —el 0,02%— de acciones de YPF.
Eso sí, todavía ostenta el derecho a participar en las decisiones
del consejo y poder de veto gracias a la «acción de oro» que
mantiene.
Kirchner planearía ahora, según el citado diario, apelar a una ley
para declarar de interés público esa participación del 33%. Un 25%
se lo compraría a Petersen, de la familia Eskenazi, y cerca de un 8%
a Repsol. El Estado argentino destinaría unos 18.718 millones de
pesos (unos 3.222 millones de euros) a la operación. Y la petrolera
española, que posee ahora más de un 57% del capital de la compañía,
mantendría cerca de un 50% de YPF, aunque no estaría dispuesta nunca
a bajar de un 51%.
Como fuere, la operación no se antoja sencilla para Kirchner. Según
los estatutos de YPF, quien realice una oferta por más de un 14,9%
de las acciones de la petrolera debe lanzar de forma automática una
oferta por el 100% de la compañía. El equipo económico del Ejecutivo
de Buenos Aires estaría por ello estudiando alguna vía alternativa.
Los títulos de la petrolera YPF han repuntado más de un 1% en la
Bolsa argentina, hasta los 145 pesos argentinos por acción. Fuentes
del mercado atribuyen sin embargo ese alza al interés de Exxon y
otras compañías en sellar un acuerdo con Repsol YPF para explotar
Vaca Muerta, el mayor hallazgo de reservas petroleras en la historia
de la compañía.
Esas mismas fuentes avisan sin embargo de que las presiones del
Gobierno argentino sobre la multinacional están generando una
inseguridad jurídica en el país que podría acabar echando por tierra
esos planes.
