El jueves 18 de agosto se celebrará la sesión extraordinaria del
Consejo de Ministros en el que se apruebe por decreto ley las nuevas
medidas anticrisis que le ha pedido el Banco Central Europeo para
calmar la inquietud de los mercados sobre las finanzas públicas de
Italia. Así lo ha informado el primer ministro italiano, Silvio
Berlusconi, en la reunión de hoy con los representantes de empresas,
bancos y sindicatos. Sin embargo ha especificado que esa fecha puede
ser adelantada si fuera necesario.
Entre las medidas que podría aprobar el Ejecutivo el próximo 18
de agosto se encuentra un impuesto de Patrimonio y un bloqueo de las
pensiones por ancianidad, así como la liberalización de algunos
servicios públicos locales. Sin embargo, tanto el partido Liga Norte
como el Partido Democrático se han mostrado contrarios a "tocar las
pensiones".
Por segunda vez en menos de una semana, el Ejecutivo se ha
reunido con los agentes sociales para abordar las nuevas medidas
económicas y la aceleración de algunas de las que contiene el último
plan de austeridad anunciado el pasado viernes por Berlusconi, quien
regresó de sus vacaciones en su residencia veraniega de la isla de
Cerdeña para asistir a la reunión. Pese a las prisas que impone el
acoso de los mercados, el tan prometido pacto social por la
estabilidad y el crecimiento económico quedó emplazado a septiembre
en la primera cita de hace una semana.
No obstante, de entonces hasta ahora, las condiciones impuestas
por el Banco Central Europeo (BCE) para comprar bonos de Italia
hacen todavía más urgente la necesidad de diálogo con patronal y
sindicatos. La intención, según informan los medios italianos, es
encontrar un acuerdo sobre la mayor parte de los puntos para que el
Ejecutivo pueda aprobar las reformas necesarias en forma de decreto
ley ya la semana que viene en un posible Consejo de Ministros
extraordinario que dé paso lo antes posible a la tramitación
parlamentaria.
El objetivo del Gobierno con estas medidas es adelantar un año el
objetivo de equilibrio presupuestario, que ahora se deberá alcanzar
en 2013. En conjunto, el plan prevé recortes de gasto y aumentos de
impuestos por 79.000 millones, tal y como pactó con Bruselas en una
condición previa al acuerdo del 22 de julio para reforzar los
mecanismos anticrisis europeos.
Entre las posibilidades que baraja el Ejecutivo se plantea la
imposición de un gravamen adicional sobre la segunda vivienda de los
ciudadanos del país, así como un aumento de los impuestos sobre los
rendimientos financieros y sobre el patrimonio del contribuyente,
punto este último que parece no gustar mucho a Berlusconi. El
Ejecutivo se plantea también adelantar el proceso que retrasará la
edad de jubilación vinculándola a la esperanza de vida, así como la
privatización de empresas municipales y la venta de parte de las
participaciones del Estado en algunas empresas que ya cuentan con
capital privado, tal y como le recomendó por carta el propio BCE. La
injerencia del instituto emisor, además, desató una batalla política
en el país.
No obstante, la prensa italiana adelanta que los cambios en el
sistema de asistencia y de pensiones, incluidas también las de
invalidez, no cuentan con la aprobación ni de los sindicatos ni del
principal socio de Gobierno de Berlusconi, la antieuropeísta Liga
Norte (LN) de Umberto Bossi. De hecho, los sindicatos, la patronal y
también la banca exigen al Gobierno que acometa primero recortes
sobre el gasto de la clase política antes de exigir nuevos esfuerzos
a las familias, sobre las que ya recae el mayor peso recaudatorio
del plan de ajuste.
Éxito en la subasta de letras
Por otra parte, la intervención del Banco Central Europeo en el
mercado de deuda ha posibilitado a Italia salir airosa de una nueva
subasta de letras. El Tesoro italiano, que hace apenas dos semanas
se vio obligado a abonar el precio más alto en 11 años por sus bonos
a 10 años, hoy ha logrado rebajar el interés por emitir títulos a un
año frente a la anterior operación a los mismos plazos de julio y
sin renunciar a alcanzar sus objetivos. Además, pese a este recorte
en la rentabilidad, la subasta se ha saldado con una demanda
superior a la de hace un mes y se ha quedado cerca de duplicar la
oferta.
El Tesoro italiano ha alcanzado sus objetivos al vender 6.500
millones en letras a un año con un tipo del 2,959% y un volumen
solicitado de 12.600 millones de euros, lo que supone una ratio de
cobertura (letras pedidas frente a las adjudicadas) de 1,94 veces.
En julio, Roma tuvo que comprometer un 3,67% por este mismo tipo de
títulos para superar las mayores dudas de los inversores, el precio
más alto desde 2008, y registró una demanda inferior con una ratio
de 1,55 veces. El motivo de esta mejora está en el alivio de la
presión en contra de la deuda de Italia y España, cuyo mejor ejemplo
es el fuerte descenso en la prima de riesgo frente a los bonos
alemanes, por la actuación del BCE.
El instituto emisor lleva desde el lunes comprando bonos de
Italia y España en el mercado secundario, donde se negocian los
títulos de deuda soberana una vez emitidos -su reglamento le impide
acudir directamente al primario-. Gracias a la intervención del
organismo presidido por Jean-Claude Trichet, que ha forzado la
salida de los especuladores que apostaban en contra de ambos países,
la prima de riesgo del país, que es el mejor indicador de la
confianza en las finanzas de un Estado, ha pasado de marcar un
máximo desde que el país entró en el euro en 1999 el pasado jueves
al tocar los 412 puntos básicos a los 275 de ayer. Hoy, en un día
más tranquilo en los mercados, se movía sobre los 280 puntos
básicos.
La de hoy es la primera de las dos subasta a corto plazo que
tiene previstas el Tesoro italiano para agosto. Además, el organismo
dependiente del Ministerio de Economía dirigido por Giulio Tremonti
anunció en julio que dado "el alto nivel de liquidez disponible" en
sus arcas y "los limitados vencimientos", no llevará a cabo la
subasta a largo plazo prevista para el próximo viernes. Italia
volverá al mercado a vender deuda a largo plazo a finales de mes. De
aquí a final de año tiene que colocar unos 225.000 millones de euros
en bonos. Frente a estas cantidades, España debe emitir unos 40.000
millones netos.