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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Eloy Velasco, que investiga los vínculos entre ETA y las FARC, que reclame al Gobierno de Hugo Chávez documentación sobre estancias en campamentos en la selva venezolana de los procesados en esta causa en los que supuestamente se formaron en el manejo de armas.
En concreto, la fiscal Teresa Sandoval, que ha atendido así a la solicitud del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), se ha interesado por la presencia de los acusados en dichos campamentos durante el año 2003, donde los miembros de la banda terrorista recibieron instrucción sobre armamento y explosivos, han informado fuentes jurídicas.
Las víctimas vascas consideraban que el magistrado debía tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la declaración del militar Milton Revilla, que se encuentra preso en Venezuela y que fue testigo «de la colaboración que el Gobierno venezolano ha mantenido», a través de etarra Arturo Cubillas, entre otros, con la banda terrorista.
Velasco procesó por primera vez a Cubillas en marzo de 2010 por intentar atentar contra altos cargos colombianos en España en un auto en el que apuntaba indicios de la «cooperación» del Gobierno de Venezuela en la alianza entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Junto al etarra, procesó a José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Atxalandabaso, José María Zaldua, José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio, así como a los miembros de las FARC Edgar Gustavo Navarro Morales, Víctor Ramón Vargas Salazar, Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda, Remedios García Albert, Luciano Martín y Omar Arturo Zabala.
Posteriormente, sin embargo, dejó sin efecto el procesamiento dictado contra García Albert y Zabala Padilla, alias «Lucas Gualdrón» y delegado para Europa de las FARC. Tras este auto de procesamiento, el juez reclamó en octubre de ese año por primera vez a Cubillas, que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), dependiente del gobierno de Hugo Chávez.
Un año después, en marzo de 2011, volvió a procesarle por integración en organización terrorista junto a los etarras Francisco Javier López Peña «Thierry» y Mikel Carrera Sarobe «Ata», al sostener que fueron estos dos los que le coordinaron en la formación e instrucción en el manejo de armamento y explosivos de miembros de ETA en campamentos instalados en la selva venezolana.
Por ello, el magistrado reclamó que fuera ampliada la solicitud de extradición del etarra para incluir el delito de integración en organización terrorista en calidad de dirigente. En su providencia, también procesaba a los etarras José Lorenzo Ayestarán y José Ignacio Olaskoaga por un delito de tenencia explosivos en colaboración con organización terrorista, así como a Iraitz Guesalaga, responsable de informática de ETA, y a Iurgi Mendinueta por colaboración terrorista.
Según el juez, Cubillas ha mantenido al menos, entre los años 2004 y 2008, «contacto constante, permanente» y «directo con la cabeza de la organización terrorista ETA y los distintos dirigentes de los comandos activos de ésta, con quienes ha coordinado y ejecutado tareas directivas de formación e instrucción, mejora de armamento y técnicas terroristas».
Además, le acusaba de haber facilitado la infraestructura necesaria que, «lejos de ser episódica, trasciende la mera colaboración», lo que para el juez le sitúa como dirigente de ETA «en el continente americano desde tierra venezolana». Fuente
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