En Europa, todos los países de más de un millón de habitantes
tienen alguna norma que regula el acceso de los ciudadanos a la
información sobre los gobiernos y sus administraciones.
España no está entre ninguno de
ellos. En total, en el mundo hay 90 países que poseen leyes
de transparencia de información sobre sus entidades públicas y
gobiernos.
Este viernes, el blindaje de la
información de las administraciones españolas podría
empezar a cambiar su rumbo.
El Consejo de Ministros dará un pequeño paso para igualarse con
esos países en los que el acceso a la información es un derecho del
ciudadano y tiene previsto aprobar el anteproyecto de la llamada ley
de transparencia, una promesa electoral del gobierno de Mariano
Rajoy, también propósito del anterior ejecutivo, por medio de la
cual cualquiera podrá requerir todo tipo de información que
repercuta en el funcionamiento de las administraciones públicas.
¿Qué es la Ley de transparencia?
La llamada Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno establecerá una serie de principios éticos generales y
también de obligaciones concretas
para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la
Administración General del Estado y de las entidades del sector
público estatal. Es decir esta norma obligará a los políticos a
informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los
ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los
contratos o los sueldos de los cargos públicos.
¿Cuál es el objetivo?
Pretende incrementar la transparencia en la actividad de la
Administración y reforzar la responsabilidad de los gobernantes
dando el derecho de acceso a la información pública en España de
todas las personas. Por un lado reconocería la información de las
instituciones públicas, y por otro lado la obligación de la
instituciones públicas a dar esa información de forma proactiva.
Esta información básica consistiría en saber el presupuesto y
ejecución del estado. Según la coordinadora de la Coalición Pro
Acceso, Victoria Anderica, “con esta legislación se sabría en qué se
gasta realmente el dinero. Habría una
lista de publicaciones e informes en los cuales basan sus
decisiones, los contratos, las licitaciones….”.
¿Qué pasaría si los cargos públicos no dan o ocultan
información?
La norma tipificará como delito las
infracciones más graves en la gestión de los recursos
públicos, según avanzó la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría.
La ley impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas,
incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación
requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización
contable. Pero incluso irá más allá, porque incurrirán en delito los
cargos que despilfarren el dinero público.
Esto se hará a través de una disposición adicional que modificará
el Código Penal. En concreto, se
castigará con una pena que podría alcanzar los seis años de
inhabilitación a los cargos que sobrepasen el presupuesto aprobado,
según fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.
