El guion se ha repetido en varias provincias de Ecuador. Un
fiscal, un jefe de policía y un funcionario de la Superintendencia
de Telecomunicaciones, acompañados de un buen número de efectivos
policiales, acuden a estaciones de radio y televisión del país para
clausurarlas y confiscar sus equipos. Una veintena de medios han
sido cerrados en las últimas semanas con argumentos legales y
técnicos. Y según asegura con preocupación a EL PAÍS el presidente
de la Asociación
Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), Roberto Manciati, se esperan
más clausuras a corto plazo.
Entre los medios cerrados recientemente constan estaciones como
Radio Cosmopolita, de Quito, con 59 años en el aire; un medio
público como Telesangay, el canal de la prefectura de Morona
Santiago, encabezada por el dirigente indígena Marcelino Chumpi, y
Radio Morena, dirigida por Luis Almeida, asambleísta del partido
opositor Sociedad Patriótica, y clausurada el viernes pasado en un
operativo en el que los policías usaron gas pimienta en medio de
incidentes con los trabajadores de la estación.
Chumpi señala que detrás del cierre de Telesangay hay razones
políticas, pues el Gobierno lo ha calificado de opositor por sus
posiciones en torno a temas como la política minera. Luis Almeida,
de su lado, ha anunciado que acudirá ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares frente a la
“persecución del Gobierno”.
El presidente Rafael Correa insistió este martes en que las
clausuras responden a incumplimientos de orden legal y técnico por
parte de ciertos concesionarios de frecuencias de radio y
televisión. El mandatario señaló que se han renovado hasta el
momento 200 frecuencias, pero “han tenido que cancelarse cerca de
90, porque incumplían con cuestiones legales, administrativas o
técnicas”.
En declaraciones al canal RTS —que no está en la lista de medios
privados a los cuales el Gobierno ecuatoriano ha decidido no
conceder entrevistas—, el presidente Correa además argumentó que los
cierres han sido dispuestos por la Superintendencia de
Telecomunicaciones, “que es autónoma del Gobierno”. No obstante, el
asambleísta Almeida ha resaltado que quien resuelve sobre los
contratos de concesión de frecuencias es el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones, que preside el ministro de Telecomunicaciones.
Para justificar las clausuras de medios, las autoridades
ecuatorianas esgrimen la Ley de Radio y Televisión, que prevé dicha
sanción en caso de que el propietario del medio cayera en mora en
seis o más pagos al Estado del arrendamiento de la frecuencia. En
varios casos, además, las autoridades han señalado como causa de
clausura el no seguir los parámetros técnicos exigidos por los
contratos de concesión. “Todos debemos cumplir la ley y Radio Morena
no puede ser la excepción por tener poderosos padrinos políticos”,
dijo el presidente Correa el sábado pasado. Radio Morena ha negado
estar en mora, mientras otros afectados han señalado que sus
situaciones aún estaban en revisión por parte de jueces de lo
contencioso-administrativo, por lo que no debía producirse el cierre
antes de que dichos recursos legales fueran resueltos.
El objetivo del Gobierno con este proceso de depuración es lograr
“una redistribución equitativa” de las frecuencias. La nueva Ley de
Comunicación que debate el Parlamento prevé reducir la presencia de
los medios privados en el espectro radioeléctrico de un 85% a un
33%, y aumentar el peso del sector público y comunitario.
Varias organizaciones de prensa locales e internacionales han
mostrado su preocupación. “Aún no se han agotado todos los recursos
legales, tanto en el caso de Radio Cosmopolita como en los otros.
Este hecho basta para sospechar de esta serie de acciones contra
medios de comunicación audiovisuales, que no se limita a sacar del
aire a las emisoras, sino que va hasta la confiscación de su
equipo”, dijo
Reporteros sin Fronteras a mediados de junio.
“Sabemos que algunas frecuencias más están en riesgo de ser
retiradas”, afirma Roberto Manciati, presidente de la Asociación
Ecuatoriana de Radiodifusión. “Hemos solicitado a las autoridades
que nos dejen conocer cuáles son, pero no nos han querido dar esa
información. Esperemos que todos los colegas se pongan al día en sus
obligaciones, y que se respete el debido proceso”.
El cierre de estaciones de radio y televisión, al igual que el
veto del Gobierno a los principales medios privados del país, se
suman a la pugna constante que mantiene Correa con la prensa. Además
de las iniciativas promovidas para regular a los medios, el
presidente ha interpuesto demandas multimillonarias contra algunos
periodistas críticos, como Juan Carlos Calderón y Christian Zurita,
autores de El Gran Hermano, una investigación sobre los
presuntos actos de corrupción de Fabricio Correa, hermano del
presidente, y el
diario El
Universo. En el primer caso el mandatario desistió
del proceso y en el segundo concedió "el perdón sin olvido" y pidió
la anulación de la condena, que obligaba al rotativo a pagar 29
millones de euros por injurias, además de decretar la prisión para
un periodista y tres directivos.
Quito deshoja la margarita por Assange
El Gobierno ecuatoriano continúa preparando una respuesta a
la petición de asilo político efectuada por el fundador de
Wikileaks, Julián Assange, atrincherado desde el 19 de junio en
la Embajada de Ecuador en Londres. Lo llamativo es que la
discusión sobre si el Gobierno debe o no otorgar el asilo
solicitado por Assange, considerado por sus seguidores como un
adalid de la liberación de la información, se produce mientras
en Ecuador el presidente Rafael Correa mantiene una dura pugna
con los medios privados en la que se han visto demandas del
presidente contra medios escritos, la clausura de una veintena
de radios y cadenas de televisión, y la decisión de que los
ministros no concedan entrevistas a siete grandes medios.
Correa insiste en que su país tomará una “decisión soberana”
en el caso. “Consultaremos con todos los que sea necesario, pero
no vamos a pedirle permiso a nadie para tomar la decisión
soberana de otorgarle o no otorgarle asilo al ciudadano
australiano Julian Assange”, dijo. El presidente
ha
insistido en el hecho de que en EE UU rige la pena de muerte, al
contrario de lo que ocurre en Ecuador. Esta anotación del
mandatario tiene como marco la hipótesis de que la extradición
de Assange a Suecia, donde está reclamado por delitos sexuales,
sería un paso previo a una eventual entrega del fundador de
Wikileaks a EE UU. “Si es que corre riesgo la vida de Assange,
esas cosas son causales para otorgar un asilo”, señaló ayer el
jefe de Estado, antes de recalcar que el caso aún está en
estudio.
La decisión de Ecuador será expuesta en un extenso documento.
El ministro de Exteriores, Ricardo Patiño, señaló días atrás que
“serán decenas y a lo mejor hasta centenares de páginas que
expliquen nuestra decisión sobre el pedido de asilo político del
señor Assange”. Fuente
