Varios sectores de la sociedad ecuatoriana han recurrido al
Tribunal Constitucional contra la reforma electoral que firmada por
el presidente Rafael Correa que, entre otras cosas, establece
importante restricciones a la labor de los medios de comunicación
durante los periodos electorales.
La ley que ha entrado en vigor esta semana, prohíbe a los medios
de comunicación efectuar, durante la campaña electoral, “promoción
directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o
cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir en favor o en
contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias
electorales o tesis política”.
En menos de 48 horas se han presentado tres demandas de
inconstitucionalidad por parte de las organizaciones periodísticas
Unión Nacional de Periodistas y Fundamedios así como el grupo
político Movimiento Alianza Libertad, que han señalado que el texto,
tal como está escrito, es tan ambiguo que casi todo el trabajo
periodístico podría ser prohibido. Correa, ha reiterado que quiere
evitar que los medios de comunicación se conviertan en actores
políticos “y pongan y quiten presidentes”. A finales de este año
está previsto que se celebren elecciones presidenciales.
Independientemente de la decisión judicial, será el Consejo
Nacional Electoral la entidad que en los próximos días deba emitir
un reglamento que defina los alcances de las limitaciones a la
información establecidas en la reforma electoral.
Pero no es este el único frente abierto entre la presidencia de
la República y la prensa ecuatoriana. Ayer una jueza de lo Penal
condenó a los periodistas Juan Carlos Calderón y
Christian Zurita al pago de un millón de dólares cada uno como
indemnización al presidente Correa, quien hace un año demandó a los
dos acusados por supuesto daño moral. El juicio tiene que ver con el
libro El Gran Hermano, escrito por Calderón y Zurita, en el cual se
revelan millonarios contratos presuntamente suscritos con el Estado
por parte de empresas de Fabricio Correa, hermano del mandatario, el
cual habría declarado, según el libro, que el jefe de Estado sí
conocía de dichos contratos, lo que es negado por Rafael Correa. “Se
trata de una sentencia desproporcionada, absurda e irracional”,
señaló Juan Carlos Calderón, mientras su abogado Ramiro Aguilar
anunció que apelará la sentencia.
Y aún se espera que la Corte Nacional de Justicia celebre la
audiencia final que deberá ratificar o revocar la sentencia de 40
millones de dólares y tres años de cárcel dictada en contra de
diario El Universo. Emilio Palacio, periodista acusado en ese
proceso solicitará hoy formalmente asilo en Estados Unidos.
