El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado que
ETA está intentando reclutar a más terroristas. El ministro ha
asegurado no obstante que cada vez se trata de “gente de menos
nivel” y ha reiterado que no basta con que la banda deje de actuar:
“Exigimos su disolución verificable. Mientras eso no se produzca, el
Estado va a seguir actuando con todos los instrumentos que tiene a
su disposición”.
Fernández Díaz ha apuntado en una
entrevista en la Cope que los etarras detenidos en la
operación al sur de París tenían la finalidad de captar a miembros
de Ekin. El ministro sin embargo no le ha augurado "mucho porvenir"
a la banda por ese camino, dada la colaboración policial entre
España y Francia.
Pese a esos movimientos, según los informes de Inteligencia que
elaboran las Fuerzas de Seguridad no está previsto que ETA actúe
antes de las elecciones autonómicas del País Vasco, en 2013. El
responsable del Interior ha avanzado que la debilidad de la
organización terrorista, provocada por “la actuación continuada y
sistemática del Estado de Derecho”, y los éxitos políticos de la
izquierda abertzale han provocado que el liderazgo ya no lo
tenga ETA sino dicha izquierda abertzale. Esta "necesita de
una respetabilidad social que un atentado frustraría".
Sobre la doctrina Parot, Fernández Díaz ha sido
cauteloso y ha recordado que es el Tribunal Constitucional el que se
tiene que pronunciar acerca de los recursos interpuestos por 62
presos etarras. Sí ha considerado comprensible que cree alarma
social el hecho de que "condenados a miles de años de cárcel queden
en libertad a los 15 o 20 por la vía de los permisos".
El ministro ha hecho estas declaraciones pocos días después de
que el nuevo Gobierno pasase de la palabra a los hechos en el apoyo
a la denominada vía Nanclares para los presos de ETA. Esta
implica la concesión de beneficios penitenciarios solo a aquellos
que rechacen la violencia y pidan perdón a las víctimas, una
política iniciada e impulsada por el anterior Ejecutivo socialista.
Interior concedió la semana pasada su primer tercer grado
penitenciario a un etarra. Se trata de José Manuel Fernández Pérez
de Nanclares, preso en Basauri (Bizkaia), de 59 años, y que ha
cumplido con los requisitos.
La política penitenciaria ha generado ciertas discrepancias entre
miembros del Gobierno de Mariano Rajoy. Recientemente el titular de
Interior y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hablaron
del acercamiento de los presos etarras con distinta intensidad.
Gallardón aseguró que el Ejecutivo no tiene intención de trabajar en
el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco.
Horas después, Fernández Díaz matizó: "No nos estamos planteando el
acercamiento como política”, aunque "sí la reinserción
individualizada". El ministro del Interior recordó además que la
política penitenciaria depende de su Departamento y no de Justicia.
