Venezuela, el
gran 'balneario' de ETA
El teatro Teresa Carreño, en Caracas, estaba abarrotado
el pasado día 13. Hugo Chávez convocó a los delegados del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en un acto en el que se
mezclaron partido, Gobierno y Estado. Entre las 2.500 personas que
vitorearon al presidente se encontraba Xabier Arruti Imaz, de 55
años, delegado chavista en Chichiribiche y ex director general de la
alcaldía del municipio de Monseñor Iturriza en el Estado de Falcón,
uno de los primeros vascos vinculados al entorno de ETA que recaló
en este país. Ahora, Arruti, dueño del restaurante playero Txalupa,
se ha convertido en uno de los activistas políticos más fieles a
Chávez. "Soy militante de base, me ha elegido la base desde el
primer congreso constituyente", asegura orgulloso.
El descubrimiento de que miembros de ETA han dado cursos de
explosivos hasta 2008 a terroristas colombianos de las FARC en, al
menos, seis campos venezolanos ha puesto el foco en un país que
acoge a etarras desde los años ochenta, pero que, según señalan
varios informes reservados de inteligencia dirigidos al Gobierno
español, se ha convertido desde que gobierna Hugo Chávez en la mayor
reserva de refugiados y huidos etarras de Suramérica. Según estos
informes, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la mayoría de los 60
miembros de ETA que residen en Venezuela están alejados de la
organización terrorista; otros siguen activos en la clandestinidad
desde que la justicia española pidió su extradición por un largo
rosario de asesinatos. Y los miembros de un tercer grupo no se
ocultan, pero llevan a cabo labores encubiertas que abarcan
financiación, la acogida a nuevos fugados y el entrenamiento armado.
En este último grupo se encuentra Arturo Cubillas, de 46 años,
supuesto responsable de ETA en Venezuela, presunto organizador de
los cursos de explosivos en la selva venezolana y funcionario de
seguridad en el Gobierno de Hugo Chávez.
La colaboración de los servicios secretos venezolanos en el
control y seguimiento de la comunidad etarra es nula desde hace una
década. "Estamos casi ciegos", se queja un mando de la lucha contra
ETA en el exterior. "Trabajamos como podemos, conocemos algunas
cosas de esta gente, pero sabemos mucho menos de lo que deberíamos
saber. La aparición en Francia de José Lorenzo Ayestarán -uno de los
que tienen delitos de sangre- ha sido una sorpresa. Nadie nos avisó
de su fuga. Se pierde la pista de gente de la que necesitaríamos una
información constante. Parecerá que están dormidos, pero no podemos
olvidar que algunos son auténticos killers (asesinos)", añade
la misma fuente. Ayestarán, de 52 años, colgó su delantal y cuchillo
de pescadero en Sucre para volver a las armas. "Su caso es una
excepción", alega Xabier Arruti, el delegado chavista.
Marino Alvarado, de 50 años, abogado venezolano de Sebastián
Etxaniz y Juan Víctor Galarza, los dos únicos etarras junto a José
Ramón Foruria que entregó Chávez a España sin proceso de
extradición, explica el hostigamiento y control al que estaba
sometida la comunidad etarra antes del chavismo: "Había un acoso
policial constante. Les detenían y vigilaban a todos".
Un miembro de la comunidad vasca en Venezuela que atendió a
varios detenidos en estos controles rutinarios y pide el anonimato
apostilla: "Les obligaban a ir constantemente a la sede de la Disip
[policía política]. Tenían que hacer presentaciones periódicas, les
interrogaban sobre sus actividades y cuando venía de visita alguna
personalidad política española les detenían durante varios días.
Luego les soltaban. Yo les asistí muchas veces. Con Chávez se relajó
mucho, se acabó el control, eso es una evidencia que no se puede
negar".
El caso del etarra Arturo Cubillas Fontán, cuyo nombre aparece en
el ordenador intervenido a Raúl Reyes, dirigente de las FARC muerto
en un bombardeo del Ejército colombiano, es un ejemplo inquietante
del trato que el Gobierno de Hugo Chávez da a los etarras residentes
en Venezuela. Cubillas pasó de manejar los pucheros de la Casa
Vasca, donde celebraba el Gudari Eguna [día del soldado vasco], y
los fogones de su restaurante Oker, el nombre de su comando,
a dirigir la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de
Agricultura y Tierras en 2005; y desde 2007 es jefe de Seguridad del
Instituto Nacional de Tierras (Inte), un organismo que ha confiscado
40.000 fincas supuestamente improductivas.
El auto del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional y la orden
de detención que ha dictado contra Cubillas y otros miembros de ETA
y las FARC no ha sorprendido a personas próximas a la colonia
etarra. "Arturo no ha sido bien visto aquí, entre la comunidad
vasca. Es un tipo muy peleón, de los que dice en público cosas que
no se deben decir y que nos incomodaban. Es una persona imprudente.
Éste es un caso de individualidad, un hombre mal encajado. Cuando se
llega aquí se firma un documento en el que te comprometes a no hacer
ningún tipo de actividad política o relacionada con tu pasado",
señala una persona que ha tratado de cerca al etarra.
Los puestos de Cubillas en el Gobierno de Chávez sorprendieron
hasta a sus más allegados. "Un cargo tan público, de cierta
importancia, de los que sale publicado en la Gaceta Oficial
es algo muy frontal y descarado porque al mismo tiempo no se
esconde", comenta uno de sus amigos vascos. Goizeder Odriozola, la
mujer venezolana de Cubillas, dejó también los fogones cuando Chávez
llegó al poder y ha ocupado seis altos cargos en la Administración.
En la actualidad es directora de la Oficina de Información y
Relaciones Públicas del Ministerio de Agricultura y Tierras. Además,
es asesora personal de Elías Jaua, el vicepresidente ejecutivo de la
República. "Ella tiene todo el derecho a ocupar esos cargos, pero él
es un imprudente. No le he visto voluntad alguna de pasar
desapercibido. De lo único que se ha cuidado hasta ahora es de que
no haya otra foto de él, además de esa policial en la que parece
tener 16 años. Ahora puede perjudicar a otros", critica otro de sus
conocidos.
El pasado lunes, antes de que se hiciera pública la orden de
detención dictada por la Audiencia Nacional, Cubillas seguía en su
despacho del Inte en Caracas. Un miembro de la Guardia Nacional
acompañó al periodista hasta la Oficina de Atención al Campesino y
un agente de seguridad confirmó su presencia. "El señor Cubillas
está en camino y le recibirá ahora mismo, por favor escriba aquí sus
datos". Al comprobar que el visitante era periodista, Cubillas dejó
de existir para el Inte. "Hermano, el jefe de seguridad es otra
persona. No conocemos al señor Cubillas", comunicó al visitante otro
agente diferente.
Una larga cola de personas aguardaba en la recepción del
instituto agrario. Entre ellos, Orlando Licon, de 65 años, un hombre
delgado y enjuto que sostenía con firmeza una carpeta repleta de
documentos. "Me han confiscado 3.000 hectáreas de tierras
productivas en el Estado de Cojedes. No me han pagado nada. Van con
brigadas de choque, ponen una bandera y una foto de Chávez y dicen
que la tierra es suya. Lo hacen por la fuerza y con el apoyo de la
Guardia Nacional. Tengo documentos que acreditan la propiedad de mi
familia desde 1715". Rodeado de hombres armados de la Guardia
Nacional, el etarra Arturo Cubillas acude a confiscar tierras en los
Estados llaneros de Guárico y Barinas, según señalan testigos
presenciales. Los pucheros y la venta de libros de la editorial
Txalaparta son historia en la vida venezolana de Cubillas desde que
llegó Chávez, el presidente que esta semana reconoció haber recibido
en el palacio de Miraflores "en secreto y por la puerta de atrás" a
Raúl Reyes, el fallecido jefe de la guerrilla colombiana de las
FARC.
Dos personas vinculadas a las fuerzas de seguridad venezolanas
que piden el anonimato aseguran que Cubillas mantiene una relación
estrecha por razón de su cargo con mandos de la Guardia Nacional y
de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). "Les he visto muchas
veces echar tragos juntos. Ha asistido a reuniones de seguridad. No
le puedo decir más, me juego mucho", asegura uno de ellos. Un chófer
de las FARC interrogado por policías españoles en Bogotá (Colombia),
identificado en su declaración con el apodo de Patxo, declaró lo
siguiente: "Recibieron (los dos etarras que acaban de dar un curso
de explosivos en Venezuela) una llamada de un tal Fontán. Los dos
bajaron del coche y saludaron efusivamente a Arturo Cubillas.
También aguardaba un varón con vestimenta civil que llevaba un
chaleco con el escudo de la DIM y un grupo de personas armadas que,
a juzgar por su conversación, parecían militares venezolanos que
prestaban escolta y seguridad al resto del grupo".
Venezuela se ha convertido en un imán para etarras en apuros. La
última evidencia la protagonizó Andoni Zengotitabengoa, detenido en
Lisboa (Portugal) cuando pretendía volar a Caracas. Los informes
policiales alertan del trasvase de etarras desde México, donde
llegaron a residir 80, a Venezuela. La fiscalía de la Audiencia
Nacional que dirige Javier Zaragoza impulsó en 2006 la extradición
de varios refugiados que dirigían la trama financiera y muchos
huyeron hacia el cálido y seguro refugio venezolano. "El amparo de
Chávez y la determinación de México les empujaron hacia Venezuela",
afirma una fuente diplomática española. De pronto, y como por arte
de magia, aparecieron en Francia los veteranos José Luis Eziolaza,
Dienteputo, y Juan Cruz Maiztegui. Venían huyendo de México y
recalaron en el comité ejecutivo de ETA, una organización diezmada y
compuesta de alevines inexpertos que rompen hasta la regla más
sagrada en la historia criminal de la banda: no matar en Francia. Lo
hicieron en París la pasada semana.
Los veteranos de ETA en Venezuela, la mayoría con edades
comprendidas entre los 45 y 55 años, preocupan a los servicios de
inteligencia españoles. De los siete etarras cuya extradición pidió
España y denegó Chávez, cinco están desaparecidos, aunque viven en
Venezuela, según señalan fuentes policiales españolas; Uno, José
Lorenzo Ayestarán, de 52 años, acaba de ser detenido en Francia
cuando se había reintegrado en la banda y preparaba un secuestro; el
último, Luis María Olalde Quintela, fue el único que se presentó
ante la fiscalía venezolana, enfermo y arrastrando su cuerpo en una
silla de ruedas. Entre los siete suman 40 asesinatos, según la
documentación aportada por la Justicia española, unos historiales
escalofriantes que no impresionaron a los jueces venezolanos. Desde
que gobierna Chávez (1999), España ha solicitado a Venezuela la
extradición de 21 personas, siete de ellas miembros de ETA, pero
ninguna ha sido detenida ni entregada, según asegura un portavoz del
Ministerio de Justicia español.
¿Detendrá la policía venezolana a Cubillas como solicita el juez
Velasco? Iris Varela, diputada del PSUV por Táchira, en la frontera
en Colombia, contesta así: "ETA no es una organización terrorista,
son luchadores de un pueblo que luchan por su independencia". ¿Y los
1.000 asesinatos que han cometido?, le pregunta el periodista en los
jardines de la Asamblea Nacional. "A mí no me constan", responde.
"El que se siente comprometido por un ideal tiene derecho a utilizar
las armas. ¿Cómo se ha conseguido la independencia de muchos países?
Yo se lo digo: luchando. La Constitución de Venezuela prohíbe la
extradición de venezolanos y estas personas lo son", arguye mientras
exhibe un ejemplar de la carta de derechos de Venezuela.
La Coordinadora Simón Bolivar representa a los sectores más duros
del chavismo, acoge en sus actos a representantes del colectivo
etarra y ha invitado a Caracas a centenares de miembros de la
izquierda radical abertzale, encabezados por el dirigente de
Askapena Iñaki Gil de San Vicente, cuya imagen apareció en el
ordenador de Raúl Reyes en una fotografía en la que acompañaba al
fallecido jefe de las FARC. San Vicente, que forma parte de varias
asociaciones radicales chavistas, no ha respondido a este periódico
sobre sus relaciones con las FARC. Ahora, la coordinadora chavista
prepara actos de apoyo a Cubillas. Juan Contreras, su director y
amigo del enlace de ETA, es claro: "No permitiremos que se entregue
a nadie"
Xabier Arruti, el delegado chavista en Chichiribiche, esgrime que
los primeros etarras llegaron en los ochenta gracias a un acuerdo
entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez y afirma que ahora no
hay apoyo a los terroristas. "Yo no soy militante de ETA, tengo el
estatuto de refugiado de ACNUR y un documento de 1986 del Ministerio
de Justicia en el que se dice que no tengo causas pendientes". En
1980 una nota oficial del Gobierno Civil de Vizcaya le vinculó con
el comando Amaya de ETA.
El etarra Sebastián Etxaniz trabajaba como camarero en su
restaurante playero de Tucacas hasta que fue detenido. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos solicitó el pasado diciembre a
Venezuela que abone a Etxaniz y a Galarza la indemnización de
325.000 euros que el Gobierno de Chávez les concedió en 2002 y más
tarde retiró cuando los entregó a España. "Siguen reclamando el
cumplimiento del acuerdo", asegura su abogado Marino Alvarado,
director de la ONG venezolana Provea.
Los canales de televisión del Gobierno inauguraron esta semana un
nuevo anuncio propagandístico. Se titula: "Contra la manipulación
informativa" y en pantalla aparece una foto fija de la fachada de la
Audiencia Nacional en Madrid.

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