El Gobierno aplaza la decisión final sobre si pedir el rescate o
ayuda financiera de los socios europeos mientras la situación
económica empeora. Las negociaciones sobre esa posible salvación de
España continúan y, según se acerca el decisivo mes de septiembre,
momento en que se prevé tomar la decisión final, la presión sobre
Mariano Rajoy para que acepte nuevos ajustes crece.
Día a día, España va perdiendo el
escaso margen de maniobra que le queda a la hora de tomar
decisiones.
Los socios europeos están dispuestos a prestar una suma enorme de
dinero para aliviar temporalmente los problemas de financiación de
España, pero a cambio exigen un cumplimiento escrupuloso de los
objetivos de déficit. Ante la anémica evolución de los ingresos
fiscales, el Gobierno prepara el terreno para meter la tijera en
el único compromiso electoral que
todavía no ha sido sacrificado en estos ocho meses de mandato: las
pensiones.
Hace apenas 15 días, Rajoy explicaba con poca convicción que no
tenía intención de bajar las prensiones el año que viene. "Sería la
última partida presupuestaria que tocaría", afirmaba durante una
rueda de prensa en La Moncloa. Ahora, fuentes del Gobierno admiten
ya que esa partida no es intocable,
todas las líneas rojas que había pintado el Gobierno han saltado por
los aires. Rajoy ha ido aparcando en la cuneta otros
compromisos electorales esenciales: ha subido el IRPF y el IVA, ha
bajado el sueldo a los funcionarios al eliminar la p
aga
extra de Navidad, ha recortado las prestaciones por desempleo y va a
hacerlo con la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración.
Lo cierto es que las pensiones son la única gran partida de gasto
del Presupuesto que se ha salvado de la tijera hasta ahora. El
resto, es decir, sueldos de empleados públicos, desempleo e
inversiones, han caído bajo las garras del ajuste.
Y junto a los salarios públicos,
las pensiones son el principal coste del Estado: suman unos 96.000
millones anules.
Ahora el Gobierno podría decidir anular la subida anunciada para
2012, que es del 1% para todas las pensiones, con garantía de
cobertura de la eventual desviación respecto a la evolución del IPC
anual. Ese incremento supone un coste global de más de 968 millones
de euros. Otra alternativa es congelar la subida prevista para 2013.
Además, quiere acelerar la implantación de la jubilación a los 67
años, prevista para la segunda década del siglo. O, si vienen muy
mal dadas, aplicar todas.
