Mariano Rajoy no abandona el "depende" ni en su discurso de
investidura. Está claro que en los próximos tres meses acometerá un
ambicioso plan de reformas en profundidad, pero lo que no aclaró
este lunes ante el Pleno del Congreso es de qué forma lo hará, ni
cuáles son sus propuestas concretas. Se deduce que habrá recortes,
que serán medidas tan impopulares como inevitables.
"Soy muy consciente de que no me enfrento a un escenario de
halagos y lisonjas. Yo no he llegado a este momento para cosechar
aplausos, sino para intentar resolver problemas", aseguró Rajoy en
el discurso de la resignación por el sacrificio obligado frente a la
crisis.
Tedioso y sin el menor entusiasmo, porque el futuro presidente no
es dado a ser portador de alegrías. Y porque los debates de
investidura son para la oposición trámites incómodos y, más aún, si
ha quedado sepultada por una debacle electoral. El clima estaba
entre la satisfacción de quienes ven su momento, tras casi ocho años
en la oposición y aguantan la respiración ante el reparto de cargos,
y la provisionalidad del derrotado. En medio, las minorías de la
izquierda se conforman con dejar constancia de su defensa de los
derechos laborales y sociales, y CiU, que aspiran a ser socios
preferentes pese a la mayoría absoluta.
El que será desde este martes el sexto presidente del Gobierno de
la democracia desgranó sus propuestas, que van desde la modificación
del sistema de pensiones, una nueva reforma laboral, la implantación
de un curso más de bachiller, la reducción de los puentes y la
acumulación de festivos, la posibilidad de privatizar las
televisiones autonómicas y la reestructuración del sistema
financiero, entre otras. Y, sobre todo, la reducción drástica del
gasto público, que afectará a todas las partidas, con la única
excepción de las pensiones, que volverán a ser revalorizadas según
el IPC, tras un año de congelación. Es decir, Rajoy puso sobre la
mesa el catálogo de asuntos que abordará en los próximos meses, pero
al descender al detalle volvió a agarrarse al "depende", aunque las
elecciones hayan quedado atrás y tenga apoyo parlamentario
suficiente para sacar adelante todas sus propuestas. El índice de
intenciones está aún a la espera de los detalles. Por ejemplo,
aseguró que su reforma irá encaminada a "acercar la edad real de
jubilación a la edad legal", pero hasta la tercera réplica no
admitió que no modificará la ley que elevó la edad de jubilación,
aprobada recientemente con su voto en contra.
No precisó cómo será la reforma laboral que presentará en la
primera quincena de enero, pero sugirió que abaratará el despido, al
defender el contrato único. Explicó que depende de cómo se regule,
que España tiene cinco millones de parados por su legislación
laboral y que la indemnización por despido es muy elevada.
Incluso, en una de las pocas medidas a la que puso cifra
concreta, la de reducción en 16.500 millones de euros para los
presupuestos que elaborará el próximo marzo, también es aplicable el
"depende". Porque reconoció que esa cifra está condicionada a que en
2011 se cumpla la previsión del 6% de déficit y porque, en todo
caso, esa es la cifra que se corresponde con la exigencia de la
Unión Europea para el próximo año. De hecho, en la réplica admitió
que "si fuera el déficit final en 2011 del 7% habría que recortar
10.000 millones más". O sea, que la cifra de 16.500 es aproximada y
sometida al "depende" de los acontecimientos y la UE.
No mencionó partidas concretas de las que recortar, más allá de
hablar de cambios en la Administración para mejorar su
funcionamiento y para eliminar organismos y duplicidades. Por no
concretar no concretó siquiera si en los decretos que debe aprobar
el 30 de diciembre subirá, congelará o recortará el sueldo de los
empleados públicos. Tampoco explicó la estructura de su Gobierno,
que se supone que será muy reducida y que él mismo dijo que
desgranaría en la investidura.
Anuncia reformas de las pensiones, del
sistema financiero y limitar los puentes
En política fiscal anunció una serie de medias urgentes en forma
de incentivos para pequeñas y medianas empresas, para ayudas a
contrataciones y para desgravación de vivienda y planes de
pensiones, pero el grueso de su propuesta fiscal la aplazó para el
futuro. "En su momento, cuando la situación económica se haya
normalizado y el país haya retomado la senda del crecimiento, será
preciso abordar una reforma fiscal de mayor calado", dijo. Para
entonces se supone que quedará su compromiso de bajar el IVA y el
impuesto de sociedades y de suprimir el de patrimonio. Los
incentivos fiscales como los 3.000 euros para la primera
contratación se aprobarían inmediatamente y de forma compatible con
la reducción drástica del gasto público y, en teoría, sin subir los
ingresos. "Mi intención es no subir impuestos", fue la frase más
categórica que pronunció sobre sus compromisos fiscales inmediatos,
para justificar que, a ciencia cierta, desconoce aún dónde fijará
las líneas rojas de ingreso y gasto. ¿De dónde saldrán esos
incentivos que, según el PSOE, llegan a 10.000 euros, mientras se
reduce el gasto? No lo dijo. Depende.
Otra medida apuntada es la de la reforma para que los bancos
actualicen sus balances aflorando su patrimonio inmobiliario que ha
perdido valor. No dijo cómo y hasta la réplica no descartó la
creación de un "banco malo". Fue concreto al anunciar, en
consonancia con la propuesta que lanzó hace poco la patronal CEOE,
una reducción de los puentes para que, salvo en fiestas con arraigo,
los festivos se trasladen a los lunes y para que el bachillerato se
amplíe un año. Otro de los asuntos sin concreción es el de la
reforma de la Justicia, asunto sobre el que se limitó a anunciar la
ley de jurisdicción voluntaria y la modificación del sistema de
recursos, pero obvió su propuesta estrella de cadena perpetua
revisable o el cambio en el sistema de elección del Consejo General
del Poder Judicial. Y tras varios años de zancadillas y bloqueo del
PP a la renovación del Tribunal Constitucional, del Consejo de RTVE,
del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, ahora respaldado
con una mayoría absoluta que le garantiza el control de esas
instituciones, anunció que lo abordará de "manera inmediata" para
cerrarlo antes de tres meses. Rajoy es el único aspirante a
presidente que en su investidura no menciona a ETA, más allá de un
inicial reconocimiento a las víctimas.
No es un escenario de halagos y lisonjas. No
he llegado para cosechar aplausos
Como
todo debate de investidura, fue un cara a cara de guante blanco con
el líder de la oposición. El aspirante tiene tras él a 186 diputados
y Alfredo Pérez Rubalcaba, a solo 110, y su mensaje va más dirigido
a reforzarse en el proceso de renovación del PSOE. El portavoz
socialista hizo un discurso al que le es aplicable el tópico de la
oposición constructiva, porque junto a las críticas a la
inconcreción de las propuestas de Rajoy o al lamento por la falta de
medidas de estímulo económico, incluyó propuestas de pacto sobre
energía, educación y Europa, entre otras.
Del portavoz de CIU, Josep Antoni Duran, Rajoy escuchó también
una oferta de colaboración, pero con exigencia del pacto fiscal para
Cataluña. Rajoy, conciliador para lograr la abstención de CiU, le
recordó que la Generalitat sí necesita al PP en Cataluña.
