Sin embargo, aunque el Ministerio Público se encuentra a la
espera de poder analizar la documentación de Hacienda y a partir de
ahí calcular la cantidad a la que podría ascender la caución que los
fiscales pidan al magistrado, se estima que la cifra
podría alcanzar al menos los dos millones de euros, según
han apuntado fuentes jurídicas.
Ya al término de la declaración que prestó Urdangarin ante el
titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, las
acusaciones contemplaban solicitar
medidas cautelares contra el imputado si bien varias
semanas después, pendientes de cuantificar la cantidad exacta que
pudo malversarse a través del Instituto Nóos y de que declarasen
otras personas que también habrían tenido implicación en los hechos
investigados.
Así, el sindicato Manos Limpias,
personado como
acusación popular en la pieza número 25 del
caso Palma Arena, ya anunció que solicitaría
la
imposición de estas medidas, petición que la abogada que en esta
causa representa a la entidad, Virginia López Negrete, tampoco ha
efectuado por el momento al instructor de las pesquisas.
Por ahora, los investigadores apuntan que Urdagarin y su exsocio
Diego Torres encabezaron
una trama a través de la cual se habrían
apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que
percibió Nóos. En concreto, falsedad documental, prevaricación,
fraude a la administración y malversación de caudales públicos son
los delitos que se indagan en este fleco del caso Palma Arena, uno
de los 26 que componen este complejo procedimiento judicial.
Las acusaciones consideran a ambos encausados
responsables de urdir un entramado
societario cuando los dos estaban al frente de Nóos con el
fin de hacerse con los fondos públicos y privados que recibía la
entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por
los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente
simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario
de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de
empresas controladas por los dos imputados.
