La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial
acordó abrir unas diligencias informativas previas al juzgado de
instrucción número 3 de Palma de Mallorca, cuyo titular es José
Castro Aragón, que investiga el caso Urdangarin, en el que
está imputado el yerno del Rey por fraude a la Administración y
malversación de fondos públicos.
La comisión disciplinaria ha decidido, en función de la denuncia
contra Castro presentada por el abogado de Jaume Matas, “investigar
las medidas adoptadas por el juzgado para evitar las masivas
filtraciones y, en la medida de lo posible, que sean depuradas las
responsabilidades”. En otros casos de filtraciones de sumarios
declarados secretos, el consejo nunca abrió este tipo de expediente.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares rechazó en su día
una querella de
Matas contra el juez Castro, al que atribuía, entre otros, los
delitos de revelación de secretos y de dejación en la obligación de
todo juez de perseguir el delito.
La defensa del expolítico del PP mantiene una reiterada y
beligerante acción contra el juez Castro, al que ha atribuido “fobia
personal y política contra” Matas. La Fiscalía Anticorrupción acusó
al abogado Antonio Alberca de usar “la vía penal para intentar
desacreditar la labor instructora”.
El juez Castro, al rechazar la primera denuncia de Matas sobre el
tema, negó que se hayan dado filtraciones en las partes secretas del
caso, pero reconoció que era muy difícil hacer cumplir el deber de
sigilo general sobre la causa debido al gran número de personas con
acceso a ella, entre afectados, abogados, procuradores o miembros de
la Policía Judicial.
Castro consideró en un auto que sus supuestas filtraciones son
“hechos que no han acontecido” o que “de haberlo sido, sus autores
podrían ser infinitos”. Iniciar una causa sobre ello “ya se advierte
inútil, dilapidadora de un tiempo que no sobra”.
El juez, en alusión a Matas, indicó que “no ha sido nadie
vinculado” al juzgado “quien ha concedido ruedas de prensa
relacionadas con esta causa, tampoco el que ha acudido a medios
televisivos para lo mismo, ni tampoco quien ha enviado a la
dirección de un determinado diario local y para su publicación un
escrito comentando aspectos de esta causa y cuestionando la
imparcialidad de este instructor”. Sobre el caso Urdangarin,
el juez aseguró que “en ningún momento ha habido la menor
filtración”. “Ni una sola de las resoluciones que han recaído en
dicha pieza secreta” hasta el auto de 3 de noviembre, que ordenó las
entradas y registros llevados a cabo en Barcelona, como en el
Instituto Nóos, “ha trascendido al exterior, ni en su letra ni en su
espíritu”.
En cuanto a las filtraciones “que se dicen habidas desde el
inicio de la causa y en lo no especialmente secreto”, el juez Castro
comenta que el deber de sigilo “queda seriamente comprometido” por
la obligación legal de entregar copia de la causa a los afectados,
que sumados a sus abogados, procuradores y ministerio fiscal, dan
“nada menos” que la cifra de 136 personas. El juez afirmó que “no
está en condiciones de lanzar la más mínima sombra de sospecha sobre
nadie” y “que un secreto compartido por tan elevado número de
personas es en la práctica imposible de guardar con escrupulosa
fidelidad”.
