Según la resolución, la consejería ha resuelto sancionar a este
profesor como responsable de una
falta leve tipificada en la Ley 4/2011 de Empleo Público de
Castilla-La Mancha, consistente en "el
incumplimiento de los deberes y
obligaciones del personal funcionario, siempre que no deba
ser calificado como falta grave o muy grave".
Los hechos que han motivado la sanción
tuvieron lugar unos días antes de
la huelga general convocada por los sindicatos para el 29
de febrero de 2011, en contra de las medidas de ajuste adoptadas por
el Gobierno nacional de Mariano Rajoy, cuando el docente Ángel
Renieblas, del colegio público La Senda, de Cabanillas del Campo,
dio una charla a los niños de 10 años y
les entregó una carta dirigida a
los padres.
En dicha carta, constan expresiones como "el Plan de Recortes de
Servicios Sociales Básicos supone
un progresivo deterioro de la educación pública y un
retroceso brutal en las condiciones laborales de los docentes".
También en uno de sus párrafos señala que, "según nuestro
consejero de Educación, el elevado
fracaso escolar en nuestra región es debido a que hay más
enseñanza pública que privada".
La entrega de esta carta a los niños de 10 años provocó
la denuncia de la edil de Educación
de Cabanillas del Campo, por lo que un inspector de los
servicios periféricos de Educación en Guadalajara se personó en el
centro para investigar los hechos.
Según el informe emitido por este inspector, el profesor
actuó de forma "incorrecta"
por entregar una nota a los niños sin contar con el permiso de la
directora del centro, y "con un
contenido que puede
considerarse opinable pero no adecuado", si bien estimaba
que no había motivos para expedientarle.
Sin embargo, la coordinadora provincial de Educación, Violeta
Miguel, decidió seguir adelante con la investigación y remitió los
hechos a la consejería, que ahora ha terminado fallando contra el
docente, que a su vez es
coordinador local de Izquierda Unida en Cabanillas del
Campo.
Esta situación fue contestada por el PSOE e IU así como por
algunos de los sindicatos de la enseñanza, que promovieron
manifestaciones de apoyo al maestro
y llegaron a calificar la apertura del expediente como "persecución
política".
