El plan de ajuste aprobado por el Ayuntamiento de Madrid puede
desembocar en el despido de al menos 77 trabajadores públicos, pese
a que la alcaldesa, Ana Botella, prometió al anunciarlo que no
supondría en ningún caso una merma de empleo. El tijeretazo
afectaría a la empresa pública que gestiona la actividad cultural
municipal, pero podría no ser el único.
El Ayuntamiento anunció en primavera un ajuste de 160,6 millones
en su gasto previsto para 2012, y anticipó otro recorte adicional de
394,2 millones de euros para el año que viene. Además, avanzó
subidas en impuestos, tasas y servicios municipales para 2013. Lo
hizo obligado por el Gobierno central, para poder pagar así a
crédito las facturas atrasadas de los ocho años de mandato del ahora
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011), en total
1.003 millones de euros.
El 10 de mayo, el Gobierno local aprobó la primera parte del
recorte, 128,9 millones de euros, de los que 12,3 millones
correspondían al área de Las Artes (un 10,7% de su presupuesto, que
ascendía a 115,2 millones). El grueso de la rebaja lo absorbió la
empresa municipal Madrid, Arte y Cultura S.A. (Macsa), en total 7,09
millones de los 33,97 que recibe del Ayuntamiento para gestionar el
Teatro Español o el Circo Price, los Veranos de la Villa y otras
actividades e instalaciones culturales de la ciudad. Su directora
ejecutiva, Yolanda Bergareche, calcula que, una vez completado el
recorte para este año, Macsa se quedará con un presupuesto de 25
millones, es decir, nueve millones menos (un 36%) de lo previsto.
Antes este mordisco, Bergareche ha anunciado hoy en la comisión
municipal de Las Artes, a petición propia y con una fórmula que
impedía la respuesta de la oposición, que Macsa reducirá un 30% sus
gastos corrientes y su personal. En la actualidad cuenta con 352
puestos de trabajo, una cifra “insostenible” que se vería reducida a
275 antes del 1 de enero de 2013. Bergareche ha apostado porque el
Ayuntamiento encuentre acomodo a esos trabajadores en otras
ocupaciones, para lo que está negociando con el área de Hacienda. La
alternativa: despidos individuales (“que tienen un coste económico
alto y son traumáticos”) o expediente de regulación de empleo (“que
es más traumático aún”).
La alcaldesa evitó la semana pasada asegurar que no se eliminarán
puestos de trabajo en el Ayuntamiento, después de seis meses en los
que el PP lo negó verbalmente y por escrito. Botella anunció que
“pronto” presentaría un nuevo plan de ajuste que incorporaría las
medidas del Gobierno y que podría conducir incluso al cierre de
empresas u organismos municipales.
El Gobierno local firmó el pasado 21 de diciembre, el último día
como alcalde de Gallardón, un acuerdo con los sindicatos
mayoritarios (Comisiones Obreras, UGT y CSI) en el que se
comprometía a “mantener el empleo y las condiciones laborales”
durante los próximos cuatro años. El Ayuntamiento dedicaba 1.438
millones de euros en 2008 a gastos de personal; este año son solo
1.339 millones, merced a la amortización de 1.851 puestos
(jubilaciones o traslados que no se han cubierto), la limitación del
personal interino (que ha pasado del 14% al 9% de la plantilla
total), y la bajada del salario de los funcionarios aprobada en 2010
por el anterior Gobierno (PSOE), del 7% en el ámbito local
madrileño.
En el plan de ajuste posterior, aprobado en primavera, se recortó
un 20% la partida presupuestaria para el pago de horas
extraordinarias y gratificaciones a los funcionarios, con excepción
de policías locales y bomberos. Además, se suspendió desde el 1 de
abril la concesión de premios especiales al personal y las
prestaciones para la acción social, con excepción de las ayudas por
discapacidad y para transporte. Por último, se rebajó a la mitad el
número de liberados sindicales. “Estamos en una situación en la que
todos tenemos que renunciar a algunas cosas, y lo que se pide a los
trabajadores responde a ese criterio de equidad”, aseguró la
alcaldesa el 10 de mayo, ante las protestas de los funcionarios. El
vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, reiteró por su parte el
“compromiso con el mantenimiento del empleo y el nivel retributivo”
de los empleados municipales.
En 2011, el Gobierno local extinguió dos fundaciones (Madrid
Movilidad y Madrid Ciudad Global 2010) y disolvió el organismo
autónomo Patronato de Turismo, integrando sus funciones en la
empresa municipal Promoción Madrid, rebautizada como Madrid Visitors
and Convention Bureau. “Se está impulsando un plan de
restructuración del sector público instrumental que se materializará
a lo largo de 2012”, explicaba el plan de ajuste de primavera. El
área de Hacienda, dirigido por Concepción Dancausa, está estudiando
ahora cómo hacerlo.
“Todos estamos convencidos de que hay que reducir empresas
publicas y organismos que se considere que no tienen una función tan
necesaria; estam
os
en el estudio de las empresas municipales, y en esa línea vamos a
seguir trabajando y pronto presentaremos un plan completo de
distintas medidas que afectan al Ayuntamiento”, aseguró Botella la
semana pasada.
Madrid cuenta ahora con seis organismos autónomos municipales: la
Agencia para el Empleo; Madrid Emprende; la Agencia Tributaria;
Informática; Madrid Salud; y la Agencia de Gestión de Licencias.
Madrid Salud está afectado por el proceso de reducción de
duplicidades, y su futuro a corto plazo puede pasar por su
transferencia a la Comunidad de Madrid.
Además, el Ayuntamiento cuenta con siete empresas públicas
municipales: Madrid Movilidad; la Empresa Municipal de Transportes;
Promoción Madrid; Calle 30; el Club de Campo; Madrid Espacios y
Congresos, y Madrid Visitors and Convention Bureau.
