El juez Baltasar Garzón ha asegurado ante el Tribunal Supremo que
su decisión de declararse competente para investigar los crímenes
cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo
no fue "una cuestión de ideología". "Hice
lo que tenía que hacer. Los jueces no estamos para
ideologías, cada uno tendrá la suya. Aquí no hubo ideologías", ha
afirmado.
En su declaración ante el tribunal que le juzga por un
delito de prevaricación,
el magistrado ha mantenido que aceptó investigar estos hechos en
aplicación de la doctrina que el Tribunal Supremo aplicó al
caso Scilingo y a
partir del mismo criterio que le permitió
dictar la detención del dictador
chileno Augusto Pinochet.
"No hice una cosa diferente a lo que he hecho en todos y cada uno
de los procedimientos en los que correspondía esta decisión
procesal. Hice exactamente igual,
ni más ni menos", ha mantenido el juez a preguntas de su abogado,
Gonzalo Martínez-Fresneda.
Garzón ha mantenido su convicción de que los
crímenes cometidos en España entre 1936 y 1951 constituyen
un delito permanete de
desapariciones forzadas en un contexto de
crímenes contra la humanidad y conexo al delito contra
Altos Organisos de la Nación, lo que justificaba la competencia de
la Audiencia Nacional.
"No son crímenes políticos"
Así, ha ha recalcado que en
ningún momento sorteó la Ley de Amnistía, como estableció
la mayoría de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, porque
los "efectos" de este tipo de delitos permanecen en el tiempo". "Los
crímenes de la naturaleza que se denunciaron no pueden tener
carácter político de ningún tipo,
son crímenes contra la humanidad", ha defendido.
"Me correspondió un asunto en reparto automático y a partir de
ahí hice lo que creí que tenía que hacer,
acomodándome a las normas legales en vigor y a las
internacionales", ha señalado antes de recordar que en las causas
sobre las dictaduras argentina y chilena la Fiscalía presentó
"recursos durísimos" y luego "cambió de oposición y mantuvo la
acusación".
En este contexto, ha señalado que antes de aceptar la
investigación y en una fase de diligencias a prevención solicitó a
varias instituciones un censo
oficial de desaparecidos, aunque sólo el ministro de
Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, le facilitó
los datos que había reclamado.
"Un organismo me mandaba a otro.
Ningún organismo contribuyó, sólo el alcalde de Madrid", ha señalado
Garzón al explicar que tuvo que dirigirse "en cadena" a los
Ministerios de Interior y Defensa,
a la Conferencia Episcopal y a los Archivos Histórico Nacional, de
la Guerra Civil y General de la Administración para llegar la
conclusión de que "no había ningún
dato de censo" sobre desaparecidos.
Garzón, que ha añadido después que los
Gobiernos de Andalucía, País Vasco
y Cataluña también le suministraron los datos que
necesitaba, ha explicado que precisaba de estos listados para
dirimir si era competente para asumir la causa. Lo hizo el
16 de octubre de 2008 tras haber recibido de las
Asociaciones de Memoria Histórica
un listado global en el que referían la existencia de
114.000 casos de "desaparecidas sin vinculación con la
confrontación de la Guerra Civil, durante, al margen y después de la
misma".
Tras ello, solicitó a la Policía Judicial que desarrollara "una
investigación" para poder acreditar que los principales responsables
del Alzamiento Nacional y de Falange, a los que se atribuían las
desapariciones, estaban muertos. Según ha explicado, esa
constatación hizo "decaer la competencia por el
delito contra Altos Organismos de
la Nación", por lo que el 16 de diciembre de 2008 acordó
ceder la competencia a los juzgados territoriales".
En este punto, ha recordado que unos juzgados "dejaron en
suspenso la tramitación, otros la aceptaron y al menos dos, los de
Granada y San Lorenzo de El Escorial (Madrid), plantearon
cuestión de competencia"
que elevó al Tribunal Supremo".
Investigación sobre Paracuellos
Garzón, que también ha defendido durante su intervención el
derecho a la "verdad, la justicia y
la reparación" de todas las víctimas, ha rechazado que esta
causa sea similar a las querellas que le presentaron en su juzgado
por los asesinatos que tuvieron lugar en
Paracuellos del Jarama
(Madrid) durante la Guerra Civil.
Según ha explicado, no estimó la competencia porque "no había
nada en ese caso que adujera o se refiriera a
delitos contra Altos Organismos de
la Nación". En todo caso, la investigación correspondía,
según ha defendido, "al juzgado donde se habían producido los
hechos". "Se puede compartir o no, pero
está perfectamente razonado
y explicado", ha recalcado.
El Supremo rechaza la anulación
Antes de que Garzón compareciera como testigo el
Tribunal Supremo rechazó por mayoría anular la causa
abierta contra él, tal y como pedían el abogado de Garzón, Gonzalo
Martínez-Fresneda, y el fiscal Luis Navajas,
Ambos defendían la aplicación al caso de la llamada 'doctrina
Botín', que hubiera dado como resultado la
anulación de la vista al
establecer que no se puede abrir
juicio oral cuando la única que lo solicita es la acusación
popular.
Garzón se enfrenta a una
petición de 20 años de inhabilitación por un delito de
prevaricación que le imputan el sindicato ultraderechista
Manos Limpias y la
asociación Libertad e Identidad.
