Haciendo un esfuerzo para sacar la voz por encima de su afonía,
Baltasar Garzón ha pronunciado hoy su alegato final en el juicio que
se ha seguido contra él por las escuchas a los implicados en el caso
Gürtel. "Reivindico mi inocencia y todas las decisiones que tomé",
ha proclamado el magistrado ante los siete jueces del Tribunal
Supremo que decidirán ahora si ponen fin a su carrera de juez.
Garzón se enfrenta a una pena de hasta 17 años de inhabilitación
por presuntos delitos de prevaricación y de violación de las
garantías constitucionales.
Sin la toga que ha vestido durante los tres días que ha durado la
vista, el juez ha asumido la responsabilidad de todas y cada una de
las decisiones adoptadas en relación a la intervención de las
comunicaciones en la cárcel a los imputados del caso Gürtel y sus
abogados, y ha defendido que no se violentó el derecho de defensa,
sino que se protegió. "Asumo todas y cada una de las decisiones.
Fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta
legalidad", ha afirmado Garzón, después de alegar que era la única
vía posible para evitar que la red corrupta siguiera delinquiendo
desde prisión.
El juez, que ha comenzado reconociendo que esta puede ser la
última vez que haga uso de su turno de última palabra ante un
tribunal español en este caso, ha insistido en que todas las
decisiones se adoptaron en el ejercicio jurisdiccional y estuvieron
guiadas a proteger los derechos de las partes. "Especialmente de las
personas afectadas por la intervención de las comunicaciones", ha
añadido, para después recalcar que todas las medidas estaban
destinadas a prevenir el derecho de defensa y que ni una sola de las
diligencias que adoptó mientras instruyó la causa tuvo relación con
el contenido de las grabaciones. El presidente del tribunal ha
interrumpido al magistrado en varias ocasiones durante su alegato
final. Joaquín Giménez ha reprochado a Garzón, por ejemplo, que en
su intervención se refiriera a uno de los abogados de la acusación,
José Luis Choclán. En el derecho a la última palabra el acusado debe
dirigirse solo al Tribunal.
Garzón ha subrayado que en este caso se perseguía un delito de
blanqueo de capitales, en el que se constató que los cabecillas de
la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, continuaban dirigiendo
las estructuras desde la cárcel, por lo que las escuchas eran "la
única medida posible", como confirmaron los testimonios de los
policías que ayer declararon en el juicio.
Frente a las tesis de las acusaciones, el magistrado ha negado
que se esconda tras la excusa de que actuó movido por una razón de
Estado. "La única razón de Estado que entiendo y comprendo es la
razón democrática de los ciudadanos. Aquí no ha habido razón de
Estado. Abrir la puerta a una injusticia es dejarla abierta para
todas las que le siguen", ha concluido citando al político alemán
Willy Brandt.
El magistrado está suspendido de sus funciones en la Audiencia
Nacional desde mayo de 2010. El juicio en el
Tribunal Supremo por ordenar las escuchas a los cabecillas de la
trama ha quedado hoy visto para sentencia después de que esta tarde
concluyera con el alegato del juez y la lectura del informe de su
abogado, Francisco Baena Bocanegra. Garzón cuenta con el respaldo de
la Fiscalía, que reclama, como su defensa, la absolución al
considerar que no hubo ningún delito al ordenar las escuchas.
En la sesión de la mañana, los tres abogados que acusan al juez
Baltasar Garzón no se han ahorrado descalificaciones al presentar al
acusado como un juez prevaricador y violador sistemático de todos
los derechos constitucionales, “una suerte de Gran Hermano que todo
lo escucha y todo lo ve”. El exfiscal Ignacio Peláez y el exjuez
José Antonio Choclán, excompañeros de Garzón, además del letrado
Pablo Rodríguez Mourullo, han pedido que se le condena y que se
delimite "qué se puede hacer y no en una investigación".
