Así lo ha acordado la sección cuarta de la sala de lo penal de
este tribunal, que ha estimado parcialmente
el recurso de apelación de Correa,
quien, en caso de que abone dicha cantidad, deberá
comparecer diariamente en
la comisaría más cercana a su domicilio, y no podrá abandonar el
territorio nacional, para lo que se le retiraría el pasaporte.
La sala, compuesta por la presidenta Ángela Murillo y los
magistrados Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel,
argumenta que el posible juicio se celebraría pasados
cuatro años desde su
ingreso en prisión, por lo que no
ve necesario agotar ese plazo para evitar el riesgo de
fuga.
"Debemos precisar que dicho riesgo
se tendría que asumir, guste o disguste, en fecha 15 de
febrero de 2013, día en que el inculpado obtendría su libertad
provisional por imperio de la ley y
sin fianza pecuniaria de tipo alguno", recalca.
En el auto, los magistrados recuerdan que la Sala de lo Civil y
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
anuló en septiembre de 2011
la fianza de 15 millones de euros que le había fijado el instructor
del caso, Antonio Pedreira, para
poder ser excarcelado, y le sugirió que le impusiera
medidas telemáticas.
Sin embargo, el magistrado
confirmó la medida de prisión provisional y descartó el
control telemático al considerar que no ofrecía garantías plenas
para evitar dicho riesgo, según un informe policial.
La Audiencia Nacional critica que el TSJM eliminara la opción de
Pedreira para que Correa abandonara
la cárcel si prestaba una fianza de quince millones de
euros y pretendiera que la Policía asumiera
"el más mínimo riesgo de fuga,
por ínfimo que resulte", si Correa era sometido a ese control.
"Para conjurar al cien por cien tal riesgo, se precisaría no solo
el empleo de medios electrónicos
de localización" sino encomendar a un "elevado número de
funcionarios la única y exclusiva función de vigilar todos los
movimientos de Francisco Correa, minuto a minuto, mañanas, tardes y
noches de todos los días. Y aún así no se lograría ese cien por cien
de seguridad, porque nada resulta
imposible en esta vida", sostiene el auto.
La juez Murillo, ponente de la resolución, añade: "las personas
que tienen que asumir el riesgo de
fuga de cualquier individuo privado de libertad (...) somos
las que encarnamos el Poder Judicial, y en concreto, aquella o
aquellas que acuerden tal cambio de situación".
Por eso, la magistrada destaca que esas personas son
"las que deben soportar la 'carga' del riesgo de fuga
intentando minorizarla al máximo". Critica también que el TSJM no
abordara el "fondo" de la cuestión,
utilizando para ello "vericuetos de escaso alcance jurídico".
Correa lleva un "dilatado espacio" de tiempo
en prisión
"Debemos afrontar el tema controvertido,
sin más contemplaciones", subraya el tribunal, que cita los
alegatos expuestos por el abogado de Correa, José Antonio Choclán,
en "su lucido informe" durante la vista celebrada el pasado día 20
en la que solicitó la libertad de
su cliente, a lo que se opuso la Fiscalía.
Así, la sala asume el "dilatado espacio" de tiempo que
Correa lleva en prisión, que en la causa ya se han realizado
diligencias "de toda índole"
y el arraigo personal del presunto cabecilla de la trama,
motivos que, según su defensa, no le llevarían a "dejarlo todo para
no afrontar el eventual
juicio que pudiera celebrarse".
Correa se encuentra en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde
febrero de 2009 junto con su "número dos", Pablo Crespo,
por los delitos de cohecho,
tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo
de capitales y falsedad documental. Precisamente, el pasado
miércoles el juez Pablo Ruz rebajó
a 100.000 euros la fianza impuesta para salir de la cárcel
a Crespo que, según fuentes jurídicas, aún no ha abonado.
