INVESTIGAN LA FINANCIACIÓN
IRREGULAR DEL PP VALENCIANO POR GÜRTEL
La Fiscalía Anticorrupción considera que el Tribunal
Superior de Justicia valenciano es competente para
investigar una supuesta trama de financiación irregular
del PPCV relacionada con la red Gürtel, que se debería
unir a la causa por cohecho impropio que afecta a
miembros del Gobierno autonómico.
En sus alegaciones a la inhibición planteada al respecto por el
Tribunal Superior de Justicia madrileño, estima que,
por razones de aforamiento,
el Tribunal valenciano debe investigar, entre otros, al
vicepresidente primero del Gobierno valenciano,
Vicente Rambla, y al diputado autonómico
Ricardo Costa por un
supuesto delito electoral vinculado a los comicios autonómicos de
2007 y generales de 2008.
También considera que podría haber delitos
contra la Administración Pública, en los que podría haber
participado la presidenta de Les Corts Valencianes, Milagrosa
Martínez, y el exdirector de Radiotelevisión Valenciana Pedro
García. Según la Fiscalía Anticorrupción, la competencia del
Tribunal valenciano debería
"extenderse" a las personas no aforadas que participan en
estos posibles delitos, entre las que figuran los principales
cabecillas de la 'trama Gürtel', Francisco Correa, Pablo Crespo y
Álvaro Pérez "El Bigotes".
Además es favorable a la "valoración conjunta" de esta causa y la
de posible cohecho impropio
por el regalo de prendas de vestir a miembros del PP de la Comunitat
Valenciana (PPCV) y del Gobierno valenciano, en la que figura como
imputado el president de la Generalitat,
Francisco Camps, entre otros.
Según menciona el escrito de alegaciones de la Fiscalía, ambas
investigaciones "se incluyen dentro
de una misma estrategia consistente, básicamente, en la
entrega de dádivas a cargos públicos al objeto de
conseguir un trato a favor
en la contratación pública".
Respecto a los delitos electorales de 2007 y 2008, Anticorrupción
señala que se habrían cometido "con
motivo del pago de los servicios prestados por la empresa
Orange Market, filial valenciana de la trama Gürtel, al Partido
Popular de la Comunitat Valenciana durante
la campaña electoral"
celebrada en mayo de ese año.
El pago se hizo supuestamente por
"personas distintas al verdadero deudor" y por el PPCV "con
fondos opacos por un importe de 2.565.891,01 euros". Estos abonos
"no habrían sido reflejados en las
cuentas formuladas por el PPCV, ocasionando así la
disminución de las partidas contables sancionada" por la Ley
Electoral.
Los implicados en este delito serían los diputados populares
Ricardo Costa
(ex-secretario general del PPCV), David Serra, (vicesecretario de
Organización), Yolanda García (tesorera) y Vicente Rambla,
actual vicepresidente primero
del Gobierno valenciano; el extesorero del PP Luis Bárcenas
y la exgerente del PP valenciano Cristina Ibáñez.
Estarían implicados igualmente dirigentes de la trama Gürtel
Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, José
Luis Izquierdo y Mónica Magariños.
En el delito electoral de 2008, habrían participado también
los gestores de las empresas Enrique Ortiz e Hijos -vinculada
también al caso "Brugal"-, PIAF, Lubasa y sociedades del grupo
Sedesa, propiedad de la familia del
vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino.
Contratación irregular de Orange Market
Uno de los delitos contra la Administración Pública está
relacionado con la contratación
irregular de Orange Market para diferentes servicios en el
pabellón de la Comunitat Valenciana en la feria de turismo Fitur
entre 2005 y 2009, y el principal
implicado sería el exjefe de gabinete de la Conselleria de
Turismo Rafael Betoret.
Además, señala que, en las contrataciones
de los años 2005 y 2006,
debería investigarse la participación de la entonces consellera de
Turismo y actual presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez.
Anticorrupción observa también posibles delitos de falsedad
documental y fraude tributario relacionado
con todo lo anterior y
cometidos supuestamente por los responsables de la trama.
Respecto a la acumulación de la causa por cohecho y la trama de
financiación, la Fiscalía entiende que
"no se trata tanto de la conexidad
delictiva, sino de que la propia calificación jurídico penal de la
contratación pública determina la calificación jurídico penal de la
percepción de prendas de vestir".
Anticorrupción advierte de que la tipicidad última de algunos
delitos "podría verse alterada" en algunos imputados
"si finalmente se vinculara
la entrega de regalos con la
contratación del PPCV y no con las entidades públicas".
Asimismo, la "conexión" entre las adjudicaciones de
Radiotelevisión Valenciana durante
la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 y la causa
de cohecho "resulta igualmente ineludible", ya que el exdirector
general de RTVV Pedro García también recibió regalos de la trama
como "contraprestación" a las mismas. Fuente
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