El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, ha anunciado hoy que el Gobierno obligará a los ciudadanos
a informar a Hacienda de todas las cuentas abiertas en entidades
financieras en el extranjero. Esta medida será incluida en el Plan
Antifraude que prepara el Ejecutivo y fue anunciada por Montoro en
el debate sobre el decreto que incluye la llamada amnistía fiscal,
iniciativa que permitirá aflorar dinero opaco fiscalmente con una
penalización del 10%.
Esta obligación afectará tanto a titulares como a beneficiarios o
a aquellos que figuren como autorizados o con poderes en estas
cuentas, según el ministro. En una nota de prensa posterior remitida
por Hacienda se concreta que la obligación de información se
extenderá también a "otros títulos, valores o derechos
representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de
entidades, así como de seguros de vida o invalidez, bienes muebles e
inmuebles contratados con entidades establecidas en el extranjero".
Durante su defensa del decreto ley de medidas fiscales para
luchar contra el déficit en el pleno del Congreso, Montoro ha
señalado que el objetivo es "luchar contra la economía sumergida", a
lo que también contribuirá el plan contra el fraude que, en forma de
anteproyecto de ley, debatirá este viernes el Consejo de Ministros.
En cuanto a la regularización de rentas ocultas, el ministro ha
hecho hincapié en que "no es una amnistía fiscal", sino "un gravamen
sobre activos que están ocultos y cuyo afloramiento será positivo
para normalizar la actividad económica en nuestro país" y luchar
contra la economía sumergida.
En el debate y discusión del decreto sobre la amnistía se ha
puesto de manifiesto el mapa de alianzas del Gobierno en la
discusión de diversas medidas económicas —las enmiendas
de totalidad de la reforma laboral y la aprobación de la ley de
estabilidad presupuestaria—. Por una lado, se sitúa toda la
izquierda, liderada por el PSOE, que se opone a todas las medidas en
discusión y los partidos nacionalistas, CiU y PNV, cuyo apoyo
negocia el Gobierno hasta el último minuto.
Otra de las medidas antifraude que se aprobarán mañana consistirá
en prohibir las operaciones en efectivo superiores a los 2.500 euros
en las que estén implicadas empresas y autónomos.
Según Montoro, "hay que elegir entre las opciones de recaudación
en una situación excepcional" como la actual y el Gobierno ha
elegido los instrumentos menos perjudiciales para el crecimiento
económico, evitando así el uso de otros que dañarían el consumo y la
demanda interna, como sería el caso de la subida del IVA.
