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China pone en marcha plan de reformas económicas y sociales

China ha puesto en marcha el mayor plan de reformas económicas y sociales en décadas. Y, al mismo tiempo, ha roto con algunas herencias del pasado. Ha decidido liberalizar más los mercados, otorgar un mayor papel a la empresa privada, poner fin a los campos de reeducación por el trabajo, suavizar la política del hijo único y reducir “paso a paso” el número de crímenes que son objeto de pena de muerte, entre otros, según un documento hecho público este viernes por la agencia oficial Xinhua con las decisiones adoptadas en el Tercer Pleno del 18 Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh), clausurado el martes pasado tras cuatro días de conciliábulo.

El texto aporta detalles al listado de conclusiones generales emitido tras el cierre del pleno, en el que lo más destacado fue el impulso a la iniciativa privada en la economía y la creación de un comité de seguridad estatal, que concentra más poder bajo el mando directo del presidente, Xi Jinping.

Los detalles revelados hoy despejan cualquier duda sobre la consolidación de Xi Jinping en el poder y la intención de los líderes chinos de reformar en profundidad la economía para hacerla menos dependiente de las inversiones y la exportación, y más del consumo interno.

La clave será ahora la implantación de este ambicioso paquete de medidas. La nueva política de hijo único fija que aquellas parejas en las cuales el padre o la madre sean hijos únicos podrán tener dos hijos. Entre las decisiones adoptadas de índole social, figura también el compromiso de “trabajar para prohibir la extracción de confesiones mediante la tortura y los abusos físicos”. Además, serán totalmente abolidas las restricciones de residencia en las ciudades pequeñas y municipios y se relajarán gradualmente en las de tamaño medio, se integrarán los sistemas de seguridad social urbano y rural, se acelerará la convertibilidad de las cuentas de capitales y se creará un impuesto medioambiental.

El precio de los combustibles, electricidad y otros servicios será decidido principalmente por el mercado, se mejorarán los mecanismos de fijación de la tasa de cambio del renminbi, se impulsará la liberalización de los tipos de interés, y se incrementará el nivel de convertibilidad del yuan en transacciones internacionales. También se promoverá la participación privada en proyectos estatales, y se impulsará la protección del medio ambiente.

La eliminación de las restricciones de residencia en pequeñas ciudades es un paso hacia la supresión algún día -aún lejano- del registro de residencia o ‘hukou’, que liga a cada persona con su lugar de nacimiento, lo que impide en la práctica que los habitantes de las zonas rurales emigren con sus familias a las ciudades, ya que la falta de ‘hukou’ urbano les impide acceder a los mismos derechos educativos y sanitarios que los locales.

Con la modificación del sistema, Pekín quiere acelerar los planes de urbanización y que decenas de millones de campesinos se muden a las ciudades y, en consecuencia, consuman más. Los campesinos recibirán derechos para “poseer, utilizar, beneficiarse y transferir la tierra de la cual tienen contrato (de uso)”, según Xinhua. El suelo en China es propiedad del Estado.

El documento con las decisiones del pleno asegura que se producirá “una mayor apertura del sector bancario, a condición de que sean reforzadas las regulaciones, y se permitirá que el capital privado cualificado establezca bancos pequeños y medianos”. China tiene ahora solo unos pocos bancos privados. “El 30% de los beneficios de los capitales de propiedad estatal tendrán que ser entregados al Gobierno para 2020”, añade el texto. Actualmente, el porcentaje oscila entre el 0% y el 15%. “El dinero será utilizado para mejorar la vida de la gente”, dice.      Fuente:  El País

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