El que fuera presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial, Carlos Dívar, que tuvo que renunciar a
su cargo por causa de indignidad, ha reclamado al pleno del Consejo
la pensión indemnizatoria prevista para los altos cargos del Estado
desde 1981.
El
Boletín Oficial del Estado publicó el 30 de junio la dimisión de
Dívar de todos sus cargos, pero cuatro días antes, el martes 26 de
junio, este ya había presentado un escrito en el Consejo en el que
solicitaba al pleno del citado órgano que le reconozca la pensión
indemnizatoria prevista en la ley 74/80, que supone percibir
mensualmente y durante dos años el 80% del sueldo que recibía.
Así, resulta que en caso de que el pleno del Consejo reconozca la
pensión, Dívar cobrará aproximadamente 8.670 euros mensuales, al
margen de su pensión de jubilación, que le corresponde por su
condición de magistrado jubilado desde el 31 de diciembre pasado y
que el interesado se encargó en enero de tramitar.
Lo que ocurre es que Dívar no ha dejado su cargo por enfermedad o
alguna otra razón neutra, sino que se vio obligado a renunciar al
mismo después de que los vocales se lo exigieran tras haber cargado
al presupuesto del Consejo los gastos de desplazamiento,
alojamiento, manutención y atenciones protocolarias a otras
autoridades de 32 viajes de fin de semana de al menos cuatro días.
Dívar sostuvo que esos viajes eran oficiales y por motivos de
servicio. Pero resultó que eran privados y en la mayoría de los
casos de turismo y relax, como se demostró después de que todas sus
coartadas fueran desmentidas, por diversas autoridades judiciales,
municipales y autonómicas. Tal es el caso del expresidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien aseguró que nunca había
invitado a Dívar, sino que este le había pedido entradas gratis para
visitar la cueva de El Soplao.
