El presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra y su exesposa,
María Amparo Fernández, han depositado en el juzgado una lista
conjunta de bienes embargables con los que hacer frente a la fianza
impuesta ante la apertura de juicio por las acusaciones de tráfico
de influencias, cohecho y fraude fiscal que recaen sobre Fabra. El
titular del juzgado de Nules ha iniciado ya el embargo.
El juez impuso al expresidente de la Diputación de Castellón una
fianza de 4,2 millones de euros y su exesposa otra de 800.000 euros.
Ambos tenían las opciones de pagar en metálico, presentar avales o
designar bienes embargables como garantía de la responsabilidad
civil que se les puede atribuir si son condenados.
Según los peritos de Hacienda, Fabra, junto a su entonces esposa,
María Amparo Fernández, defraudó 1,2 millones de euros a las arcas
públicas entre 1999 y 2003.
Después de reclamar aclaraciones y una demora en el plazo, los
tiempos se han acabado ya y Fabra ha optado por presentar el listado
de inmuebles junto a la que ahora es su exposa.
En su última declaración de bienes el entonces presidente de la
Diputación de Castellón y concejal de la capital de La Plana aseguró
tener bienes por un valor de 3,9 millones de euros, de los cuales
sólo 600.000 euros correspondían a bienes inmuebles valorados de
acuerdo con el catastro.
Tras el plazo otorgado para depositar la fianza, el llamado
caso Fabra se encuentra ahora en proceso de ampliación de
acusaciones después de que la Audiencia de Castellón decidiera que
el exdiputado y senador Miguel Prim debía ser imputado. Cuando
culmine este trámite, la próxima semana, la causa pasará del juzgado
número 1 de Nules a la Audiencia provincial de Castellón, donde se
fijará la fecha del juicio.
En cuanto a Vicente Vilar, el empresario que denunció a Carlos
Fabra por cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores
políticos, debía depositar otra fianza de 800.000 euros pero el
juzgado no ha recibido respuesta. La exesposa de este, Monserrat
Vives, que también está imputada en la causa, se ha declarado
insolvente para hacer frente a los 800.000 euros que también se le
reclamaban.
