El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha
abierto fase juicio oral contra el presidente del PP de la provincia
de Castellón y expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, por el
'caso Naranjax'.
Se le ha impuesto una fianza de más de
4,2 millones de euros.
Según ha informado el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el
resto de personas a las que se juzgará son su exesposa, María Amparo
Fernández, y el empresario Vicente Vilar y su exesposa Montserrat
Vives.
Así, la exesposa de Fabra tiene una fianza de 1.718.192,8. Por su
parte, a Vicente Vilar le impone una fianza de
800.000 euros, la misma
cantidad que a Monserrat Vives.
Los delitos de los que se les acusa a los cuatro implicados son
cohecho, tráfico de influencias y
fraude fiscal.
Las partes disponen de un plazo
de diez días para presentar un escrito de conformidad o
disconformidad con las acusaciones formuladas.
En caso contrario se les embargarán "bienes
de su propiedad en cantidad suficiente a cubrir dicha suma
o acredítese en legal forma la
insolvencia, abriéndose para ello la correspondiente Pieza
de Responsabilidad Civil".
Concluida la instrucción, la causa volverá a la
Audiencia de Castellón,
donde se iniciará el juicio en la fecha que fije el titular del
Juzgado de Nules en su próximo auto.
El juez explica que se decreta la apertura del juicio oral
contra los imputados
porque los hechos de los que se les acusa pueden ser constitutivos
de "varios delitos castigados con penas privativas de libertad".
En ese sentido, señala que Fabra y su exmujer, en los ejercicios
fiscales correspondientes al periodo comprendido entre los años 1999
y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y
que no se correspondían ni con el
patrimonio ni la renta que declararon.
En el caso de Fabra, en el escrito se indica que en ese periodo
no declaró 693.074 euros,
distribuidos entre 231.155 del ejercicio fiscal correspondiente a
1999; 124.078,13 de 2000; 174.836,69 de 2002 y 163.003,99 euros de
2003.
En relación a su exmujer, apunta que no declaró en tres años un
total de 428.644 euros, de los que 154.237,10 corresponden
a 1999; 128.510,87 de 2000 y 145.896,61 de 2003.
Defensa
El juez da diez días a las defensas para formular escrito de
conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas, con el
apercibimiento de que si no presentaren su escrito en el plazo
señalado, se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su
curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pueda incurrirse.
El abogado de Carlos Fabra y de su exmujer es
Javier Boix, que también
se encarga de la defensa del expresidente de la Generalitat
Francisco Camps en la denominada 'causa de los trajes' dentro del
'caso Gürtel' para demostrar que sus representados no recibieron
prendas como regalo de la trama Gürtel.
Autorización para los productos fitosanitarios
El juez señala en el escrito que en 1999, Vicente Vilar era el
administrador único de la empresa
Naranjax, ubicada en Artana (Catellón) y dedicada a la
fabricación y formulación de
productos fitosanitarios sintetizados por la mercantil
Arcavi, de la que era administradora única su entonces mujer
Montserrat Vives.
Hay que señalar que la exesposa de Vilar era amiga de la exmujer
del presidente provincial del PP.
Por lo tanto, indica que existen indicios de que Vilar se puso en
contacto con Carlos Fabra porque Naranjax tenía varios productos
pendientes de aprobación administrativa ante los Ministerios de
Agricultura y Sanidad.
Fabra accedió a interesarse por la situación de los productos del
grupo de empresas y a mediar ante autoridades y funcionarios para
agilizar la tramitación y obtención de
autorizaciones para la fabricación
y comercialización de los productos fitosaniatrios
"haciendo valer su condición de presidente de la Diputación".
A raíz de sus actuaciones, el 12 de julio de 1999 se celebró una
reunión en el Ministerio de
Agricultura, entre su titular, entonces Jesús Posadas;
Fabra; el ex secretario de Estado de Hacienda y diputado por
Castellón, Juan Costa; el diputado Juan José Ortiz y el senador
Miguel Prim, para tratar, entre otros, de los retrasos en la
concesión de licencias para los productos fitosanitarios.
Asimismo, según consta en el escrito, en la reunión intervino el
entonces director general del
Ministerio Rafael Millán, para informar del estado
administrativo de los productos de Naranjax.
El 18 de octubre de 1999 se aprobó uno de esos productos y, como
consecuencia de ello, Fabra requirió a Vilar el pago de 150.000
euros en reconocimiento a su labor.
Oferta de compra
La empresa portuguesa Sapec, representada en España por Ginés
Márquez, formuló una oferta de compra por Naranjax, en la que Fabra
se ofreció a mediar, de acuerdo con el auto, para lo que contactó
con el despacho profesional 'Cas-Legis', del que eran socios Ricardo
Costa y Emilio González.
Para ello, a principios del 2000 se celebró una cena en Naranjax
con la mayoría de estas últimas personas presentes, de ahí salió la
venta a Sapec por parte de Naranjax del producto Piclor, por
1.093.842,03 euros.
Posteriormente, Fabra propuso a Vilar participar en su negocio
con la constitución de una empresa que fuese la
titular de los registros
que Naranjax fuera obteniendo.
Además, sus esposas serían las socias de dicha empresa.
A través del mismo despacho, el 3 de diciembre de 1999, las dos
mujeres compraron al 50% una
empresa carente de actividad, 'Artemis 2.000 S.L', que era
la "mera titular" de los productos que obtenía Naranjax.
El juez señala que Fabra continuó la labor de mediación a favor
de estas empresas ante autoridades y funcionarios públicos de la
administración para agilizar la concesión de licencias, y hace
constar que se llegó a reunir con el entonces
director del Gabinete de
Presidencia, Tiberman, y la entonces
ministra de Sanidad, Celia
Villalobos.
El 28 de abril de 2000, Carlos Fabra
constituyó la mercantil
Carmacas S.L., junto con sus hijos, y "en concepto de pago por unos
supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca
fueron entregado", facturó en julio de ese año a Arcavi 34.800
euros; 72.121 euros en dos ocasiones a Artemis y 20.724 y 54.000
euros a Naranjax. En ese momento, ni Arcavi ni Artemis tenían
trabajadores.
