El que parecía el yerno perfecto (en términos de imagen para la
monarquía, al menos) podría haber salido rana. Iñaki Urdangarin,
marido de la infanta Cristina, deportista de élite, exmedallista
olímpico, poseedor de un innegable don de gentes, en aparentes
buenos términos con el resto de la Familia Real, y hasta guapo, está
siendo investigado por una trama de corrupción de
varios millones de euros.
Euros salidos, además, del bolsillo del contribuyente.
La trama por la que, según todos los indicios, puede acabar
imputado el yerno del Rey,
forma parte del laberinto del caso 'Palma Arena', y lo que ha
trascendido hasta ahora del sumario judicial es, de llegar a ser
probado, muy grave.
Estas son las claves de la llamada técnicamente 'Operación
Babel', más conocida ya como 'caso Urdangarin'.
El Instituto Nóos
Entre 2004 y 2006 Iñaki Urdangarin fue el
presidente del Insituto Nóos,
un instituto oficialmente sin ánimo
de lucro, relacionada con la organización de eventos
deportivos y con servicios de asesoría en cuestiones de imagen, y
que apenas había tenido actividad relevante desde su creación, en el
año 1999.
Durante la época de la presidencia de Urdangarin, sin embargo, el
instituto sale de su letargo:
En 2004, nada más ponerse al frente de Nóos, el duque de
Palma contacta con José Luis 'Pepote'
Ballester, director de Deportes del Gobierno de Jaume Matas
(PP) y amigo del Príncipe Felipe. Poco después ofrece sus servicios
al Gobierno balear para organizar un foro deportivo.
Los contratos
Entre 2004 y 2007, en plena época expansiva de gasto público y
con el 'boom' inmobiliario desatado, el gobierno de Baleares, el de
la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia suscribieron
varios convenios a dedo
con Nóos por valor de millones de euros:
2,3 millones en el caso
del Gobierno balear y más de 3,7
millones en el caso de las instituciones valencianas.
En concreto, el Gobierno balear pagó a Nóos 1,2 millones de euros
en 2005 y 1,1 millones en 2006 por la organización de sendas
cumbres turístico-deportivas, en el marco del llamado Fórum
Illes Balears. Los pagos se hicieron a través de la
Fundación Illesport y del Instituto Balear de Turismo
(Ibatur).
La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, por su
parte, pagaron al Instituto, con dinero del propio Gobierno
autonómico,
de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, y de la Fundación
Turismo Valencia (municipal), 900.000 euros por la organización de
la reunión internacional sobre turismo y deporte
"Valencia Summit" en 2004,
otros tantos por lo mismo en 2005, y 900.000 más en 2006. Por los
gastos de representación y alojamiento de los participantes en la
cumbre de 2005, Nóos recibió, además, 700.000 euros, y por hacerse
cargo de la candidatura de Valencia para los
Juegos Europeos en 2006,
otros 382.000.
Quién es quién
El núcleo duro del Instituto Nóos, es decir, el equipo que
gestionaba el instituto y tomaba las decisiones, estaba formado por
el propio Iñaki Urdangarin, administrador en 2003 y presidente entre
2004 y 2006; Diego Torres,
gerente entre 2004 y 2006, y presidente tras la salida de Urdangarin,
en ese último año; Ana María
Tejeiro, responsable del área jurídico fiscal y esposa de
Torres; Miguel Tejeiro,
secretario y hermano de Ana María, y
Marcos Tejeiro,
responsable del área contable y hermano de los dos anteriores.
Todos ellos, menos Urdangarin, están actualmente
imputados.
El hilo del caso 'Palma Arena'
Las irregularidades en las cuentas del instituto Nóos salen a la
luz como consecuencia de las investigaciones del caso 'Palma Arena',
una trama de corrupción en el Gobierno balear que comenzó a
destaparse en agosto de 2008, y en la que hay ya más de
una treintena de imputados,
entre políticos, cargos ejecutivos y personal técnico, siendo el
principal procesado el expresidente autonómico de Baleares Jaume
Matas.
El 22 de julio del año pasado,
el juez José Castro,
instructor del 'caso Palma Arena', abrió una nueva pieza en
la causa (la número 25, bautizada como
'operación Babel'), en la
que pedía información sobre los convenios firmados en los años 2005
y 2006 entre Illesport e Ibatur, dependientes del Gobierno balear, y
el Instituto Nóos para la organización del
Fórum Illes Balears. El
juez requería al Instituto Nóos que acreditase "haber rendido
cuentas de la inversión de los fondos recibidos para la ejecución de
los referidos convenios y, en caso positivo, que aporte las
correspondientes justificaciones".
Adjudicaciones a dedo y sobrecostes
Los expedientes administrativos estaban plagados de
irregularidades. Para
empezar, porque la adjudicación de los convenios se hizo
sin concurso público, y,
además, porque las entidades públicas no pueden firmar este tipo de
acuerdos con empresas privadas a no ser que se justifique que estas
son las únicas que pueden prestar el servicio. De hecho, en febrero
de 2006, el PSIB-PSOE ya había preguntado al Ejecutivo balear por la
supuesta existencia de pagos
irregulares a los organizadores de este foro.
El fiscal sospechó entonces que Nóos había
desviado un millón de euros
de los 2,3 millones facturados por los foros de Baleares, con un
sobrecoste del 170%.
El pasado 2 de junio, el juez Castro citó como imputado a Diego
Torres. En su declaración, Torres
defendió la legalidad de los dos convenios firmados con el
Gobierno balear.
El 19 de julio, el magistrado imputó a José Luis 'Pepote'
Ballester y al exgerente del Instituto Balear de Turismo, Raimundo
Alabern, por el mencionado presunto desvío de 2,3 millones de euros.
Cuatro comidas y tres cenas: 80.000 euros
El pasado 8 de noviembre, el fiscal anticorrupción de Baleares,
Pedro Horrach, dirigió un registro en las oficinas de Barcelona de
una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos. La Policía
registró también la casa de Torres y recogió de las sedes
de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana y de
la Ciudad de las Artes y las Ciencias documentación sobre los
contratos firmados con Nóos.
Finalmente, el 9 de noviembre, Anticorrupción apuntó a que tanto
Urdangarin, como su antiguo socio, Diego Torres, urdieron "un
entramado societario
cuando ambos estaban al frente del Instituto Nóos con el fin de
apoderarse de los fondos públicos y
privados que recibía esta fundación", y que, para ello, se
fijaban precios "totalmente
desproporcionados" por los servicios que prestaban a la
Administración, y se simulaban asimismo
trabajos ficticios.
¿Como de desproporcionados? El sumario de la causa detalla, por
ejemplo, un presupuesto de 240.000
euros para viajes y alojamiento de unas 100 personas, de
los que 85.000 eran para los desplazamientos de los expertos
internacionales, otro tanto para los hoteles donde dormían, y 80.000
para gastos de catering
(cuatro comidas, tres cenas y seis 'coffee breaks',
según informó El País).
Otro ejemplo: El Gobierno balear pagó en 2007
445.000 euros al Instituto
Nóos por crear el Observatorio Permanente de Deporte y Turismo, un
organismo que nunca llegó a funcionar.
Bajo el paraguas del altruismo
La Fiscalía indica que la única finalidad perseguida por
Urdangarin y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con
la cobertura de una asociación que formalmente
no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a
proyectos sociales", con
el fin de "rodearse del prestigio
social derivado [...] y evitar suspicacias por parte de
terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos
públicos".
La trama
Según detalla la Fiscalía, Nóos fijaba los precios por sus
servicios y, tras recibir los fondos,
simulaba la contratación de
actividades ficticias con una serie de empresas mercantiles
que formaban su entramado societario, facturando por importes
superiores a los servicios realmente prestados, y emitiendo las
facturas contra Nóos. De este modo, los fondos públicos acababan en
manos de las empresas mercantiles
controladas por Torres y Urdangarin.
En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos
eran, según el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L.,
Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De
Goes Center For Stakeholder Management.
El documento judicial indica que tanto Nóos como las sociedades
vinculadas tenían, como mínimo desde el año 2006,
el mismo domicilio real social,
lo que "revela que el control" de las mismas "estaba en manos de los
dirigentes del Instituto Nóos".
Sin miedo
En algunos casos, y a pesar de que se trataba de fondos públicos,
todo ese dinero ni siquiera estaba
respaldado por documento alguno. Hay
recibos falsos y nóminas
de empleados que no tienen nada que ver con los convenios firmados.
La sensación de impunidad
debía de ser muy grande: Según la investigación, algunas
facturas justifican gastos de un congreso celebrado en Palma de
Mallorca con recibos de servicios prestados tiempo antes en la
Comunidad Valenciana.
El pelotazo
De acuerdo con las investigaciones, aún provisionales, Urdangarin
habría amasado desde 2004 un patrimonio personal superior a los
11 millones de euros. A su
nombre tiene un palacio de ocho
millones de euros en Barcelona, y además es dueño de un
patrimonio inmobiliario de cerca de 1,3 millones de euros
(cinco pisos en Palma y otro en Tarrasa) y de activos por valor de
1,8 millones en sus empresas.
Y aún falta por calcular todo el dinero oculto bajo otras firmas
o sociedades, o las cantidades que la trama de empresas de Nóos
pueda haber evadido al extranjero.
De acuerdo con una
información publicada por El Mundo, el fiscal
atribuye al duque de Palma una presunta evasión de capitales a
paraísos fiscales de
Belice y el Reino Unido. De momento, los fiscales calculan que el
marido de la infanta y su socio se habrían llevado al menos 650.000
euros a Belice, a través de "una estructura societaria fiduciaria".
Más de cien clientes
Según informó el diario Público, Hacienda
cifra en más de 16 millones de
euros la trama presuntamente urdida por Urdangarin, que en
nueve años habría facturado a 103 clientes, entre los que se
encuentran algunas de las principales empresas del país.
Casi el 40% de los
ingresos totales del 'holding' salieron de las arcas públicas (no
solo de los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad
Valenciana, sino también de
ayuntamientos como los de Alcalá de Henares, Valencia,
Barcelona, Mataró o La Galera, en Tarragona), pero las empresas
privadas también pagaron.
De acuerdo con el diario El Mundo, compañías
como Telefónica y
Aceralia, o instituciones
como la Sociedad General de Autores (SGAE) realizaron pagos a Nóos
por estudios para mejorar su imagen u organizar actos
institucionales. En el caso de la entidad que dirigía Teddy Bautista
la factura superó los 400.000
euros. Nóos cobró también de
equipos de fútbol como el Valencia o el Villareal. El
conjunto de Castellón llegó a abonar 690.000 euros por un informe de
una decena de folios.
Los responsables del Instituo Nóos no solo se contrataban a sí
mismos a través de las mercantiles que controlaban, sino que,
además, por medio de estas, y
según informó ABC, presentaron y habrían cobrado facturas por un
importe global de más de 1,7 millones de euros en 2007, cuando la
entidad sin ánimo de lucro ya no
tenía actividad alguna.
"Credibilidad"
El expresidente del Gobierno balear Jaume Matas ha admitido que
el acta en la que consta una reunión mantenida con Urdangarin, para
aprobar uno de los pagos a Nóos, "no respondía a la realidad", ya
que sus colaboradores ni siquiera
se habrían reunido con el duque, si bien justificó que se
trataría de una "práctica habitual" por ser un documento privado
nacido en el seno de la fundación Illesport.
Matas tomó la decisión política de respaldar esta iniciativa,
según dijo, por ser "una oferta desde una institución sin ánimo de
lucro presidida por alguien de la
credibilidad de Urdangarin".
La petición del expresidente balear de que el caso pase a la
Audiencia Nacional ha sido rechazada por Anticorrupción.
La imputación de Urdangarin
Los investigadores judiciales de la pieza separada número 25 del
'caso Palma Arena' tienen previsto finalizar
en menos de dos meses el
estudio de toda la documentación incautada en los registros. Según
fuentes cercanas a la investigación
citadas por El País, a partir de ese momento
citarán como imputado a Iñaki Urdangarin.
Diego Torres, por su parte, lleva seis meses imputado por
falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y
malversación de fondos públicos.
Los cuatro delitos que investiga el juzgado de instrucción núnero
3 de Palma de Mallorca -malversación de caudales públicos, tráfico
de influencias, cohecho y falsedad documental- están penados con 15
años de prisión.
¿Y la infanta?
La infanta Cristina es vocal de
una de las empresas beneficiadas, Aizoon S.L., una
promotora familiar de la que su marido es administrador y a la que
Urdangarin habría desviado parte del dinero público. Su firma
aparece, asimismo como vocal, en el equipo saliente del
acta de renovación de la junta
del Instituto Nóos.
No obstante, los investigadores judiciales consideran que, tanto
ella como su secretario, Carlos García Revenga, tesorero de la junta
directiva de Nóos hasta 2006, estaban
"apartados del conocimiento del área financiera". Para ello
se apoyan en la declaración policial de Ignasi de Juan Creix Bretón,
quien colaboró en Nóos en 2006.
Según las fuentes jurídicas mencionadas por El País, la
infanta no será imputada porque ni el juez José Castro, que instruye
el caso, ni los fiscales que lo investigan la incluyen dentro del
"círculo cerrado de toma de decisiones" del entramado que
dirigía su marido.
¿Qué ha dicho el duque?
De momento, no mucho. El pasado 11 de noviembre, un día después
de que el fiscal Anticorrupción de Baleares tomase declaración a
varias personas implicadas en la supuesta trama, Urdangarin afirmó
que defenderá su "honorabilidad e inocencia" en relación con su
gestión al frente del Instituto Nóos.
"Cuando conozca los pormenores de las diligencias previas del
Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, que en este
momento son formalmente secretas, podré pronunciarme sobre su
contenido", dijo en una nota enviada desde Washington, donde reside.
El duque de Palma insistió en que defenderá su "honorabilidad e
inocencia en este asunto desde la convicción de que mi actuación
profesional ha sido siempre
correcta".
Su segunda declaración la realizó este mismo sábado, y se centró
en desvincular a la Casa Real
del escándalo: En una conversación telefónica con la
agencia Efe, Urdangarin leyó el siguiente comunicado: "Ante la
acumulación de informaciones y comentarios aparecidos en los medios
de comunicación relativos a mis actuaciones profesionales, deseo
puntualizar que lamento
profundamente que los mismos estén causando un grave
perjuicio a la imagen de mi familia y de la Casa de su Majestad el
Rey, que nada tienen que ver con
mis actividades privadas. Informo asimismo [de] que he
designado asesor jurídico y portavoz a Don Mario Pascual Vives,
letrado del Colegio de Abogados de Barcelona, que será la persona
autorizada a hablar en mi nombre".
¿Y la Casa Real?
La Casa Real dijo este sábado que
no va a hacer ninguna declaración
sobre el comunicado del duque de Palma. Anteriormente, la
institución había expresado su "respeto absoluto" por las
actuaciones y decisiones judiciales en marcha.
Zarzuela también ha dejado claro que no tiene ningún plan para
desvincular a las infantas Elena y Cristina, o al propio Iñaki
Urdangarin, del núcleo de la
Familia Real, "cuya composición viene regulada por un
decreto de 1981". Esta declaración la hizo la Casa Real en respuesta
a diversas informaciones publicadas en relación a un supuesto plan
para limitar los miembros de la Familia Real a los reyes, los
príncipes y sus hijas Leonor y Sofía, e ir limitando poco a poco la
actividad institucional de la infanta Elena y los duques de Palma.
¿Qué dicen los partidos políticos?
El PSOE y el PP reiteraron este sábado su respeto a las
decisiones judiciales de forma general y, en particular, en el 'caso
Palma Arena', así como a las actuaciones que decida Urdangarin ante
la investigación de que es objeto en este asunto. Fuentes de ambos
partidos se limitaron a expresar ese respeto y a defender la
presunción de inocencia.
El líder de IU, Cayo Lara, ha señalado, con cierta ironía, que el
duque de Palma debería poner su
cargo "a disposición" de la Casa Real, de la misma manera
que la Monarquía tendría que poner "su Casa Real" a disposición de
la soberanía popular.
Los diputados de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes han
enviado una carta a Urdangarin, en la que le exigen que devuelva los
fondos públicos "que le fueron otorgados en su momento" y que
"colabore con la justicia
aportando todas la documentación e información que se le requiera".