El fraude fiscal ha crecido con la crisis pero, paralelamente,
han aumentado los controles por parte de los inspectores de
Hacienda. ¿Cómo investigan ahora a particulares y empresas?
En 2010, la lucha contra el fraude fiscal permitió recuperar para
las arcas públicas 10.043 millones de euros, un 23,7% más que en
2009. Una mejora de resultados insuficiente para compensar la caída
de la recaudación tributaria con la crisis, por la menor
disponibilidad de efectivo de particulares y empresas, y también por
el aumento de la economía sumergida, del número de actividades
económicas no declaradas.
Para frenar la rampante evasión fiscal, el Gobierno actualizó a
principios de año el método de investigación de la Agencia
Tributaria, con la novedad de facilitar como nunca el acceso a la
información del contribuyente, la materia prima en el trabajo de un
inspector de Hacienda, obligado por ley a organizar su investigación
en las siguientes etapas:
1.-Selección de contribuyentes. En esta fase,
oficiosamente conocida como 'selección de objetivos', el inspector
de Hacienda elige a los particulares o empresas con 'riesgo fiscal',
atribuido la mayoría de las veces a discrepancias o incoherencias de
la información presentada por el propio contribuyente. En este
sentido, las alarmas saltan ahora más rápido porque los inspectores
cruzan sus datos con los de la Seguridad Social, la Inspección de
Trabajo, con los de compañías eléctricas y, en mayor medida, con las
entidades financieras, que remiten desde 2011 a la Agencia
Tributaria detalles de las operaciones realizadas en efectivo por
una cuantía superior a los 3.000 euros. Así Hacienda descubre casas
desocupadas que consumen energía, desempleados con movimientos de
tarjeta por encima de la cuantía de su prestación por desempleo,
empresas con una elevada facturación pero poca plantilla, quizá
porque algunos de sus empleados trabajan 'en negro, no están dados
de alta en la Seguridad Social… Todos estos casos pueden motivar la
apertura de una investigación fiscal, de un expediente.
2.-Comprobación e investigación. A diferencia de
la fase anterior, la instrucción de los procedimientos inspectores
está muy regulada. Pese a todo, el profesional de Hacienda dispone
de un margen de discrecionalidad para solicitar la documentación que
considere oportuna al contribuyente de cara a su investigación.
Previa llamada telefónica o personación en su domicilio para
informarle de la apertura de su caso, puede solicitarle revistar
documentos, libros contables, facturas, correspondencia,
ordenadores, propiedades… Y debe cooperar: las personas físicas y
jurídicas están obligadas a proporcionar cualquier información a
Hacienda para aclarar los datos relacionados con el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias. La investigación puede demorarse hasta
un año (ampliable a una segunda), aunque termina antes. Influye en
ello la presión de objetivos, la orden de 'arriba' que reciben los
inspectores para dejar ya de 'hurgar', y eso a pesar de perjudicar
la lucha contra el fraude más sofisticado.
3. Resolución del caso y liquidación. Como en
las etapas anteriores, en esta existe una clara separación de
funciones: en aras de la seguridad jurídica del contribuyente, el
inspector encargado de selecciona, nunca comprueba ni tampoco aporta
pruebas al expediente o se encarga de liquidar. Este último acto, de
hecho, está reservado al inspector jefe, que suele abstenerse de las
actividades de investigación. El acta de liquidación se formaliza
una vez que el contribuyente ha rechazado la regularización
propuesta por la Agencia Tributaria sobre las cantidades adeudadas.
Otro caso son los expedientes clasificados como delito fiscal,
sospechosos de una evasión de capitales superior a los 120.000
euros, y que pasan a la Fiscalía Anticorrupción. También pueden
optar por esta vía penal los contribuyentes que desestimen la
sanción administrativa.
El procedimiento se cierra con éxito cuando la Agencia Tributaria
cobra las cantidades defraudadas, lo que no es fácil y lleva su
tiempo. Un aspecto que habría que mejorar, según los inspectores de
Hacienda, que piden más medios para investigar ante todo la evasión
de las grandes fortunas y las multinacionales, sospechosas, según
sus datos, de haber 'escamoteado' en 2010 al fisco 42.711 millones,
un 71,8% del fraude total detectado en España.
