Intervención denuncia favoritismo del Ministerio de Ábalos hacia ciertas empresas

Intervención denuncia favoritismo del Ministerio de Ábalos hacia ciertas empresas

¿Manipulación en Licitaciones? La Fórmula Controvertida del Ministerio de Transportes

Un reciente informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha destapado prácticas sospechosas en el Ministerio de Transportes durante la gestión de José Luis Ábalos. Se señalan irregularidades en la adjudicación de contratos que benefician a ciertas empresas, incluida la constructora Levantina.

El informe, solicitado por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, hace parte de la investigación por presuntos delitos de corrupción que se conoce como ‘caso Cerdán’ o ‘caso Ábalos’. En él se detalla cómo se utilizó una fórmula de puntuación innovadora, que favoreció a Levantina en un contrato valorado en 60 millones de euros, más un ajuste posterior de casi 10 millones.

Contratos Irregulares: El Enfoque de la IGAE

La investigación de la IGAE abarca 11 contratos sospechosos, incluyendo cinco de Adif y seis de la Dirección General de Carreteras. Se pone especial énfasis en dos contratos donde se aplicó una fórmula de puntuación que aumenta significativamente las diferencias en los criterios de evaluación. Esta técnica dificultó que los mejores licitadores no fueran los adjudicatarios.

Una Fórmula Dañina

Los auditores destacan que la aplicación de esta fórmula, que convierte pequeñas variaciones en grandes distancias en la puntuación, carece de justificación. “Genera una distorsión notable en la valoración”, aseguran.

Un ejemplo de su uso negativo fue la adjudicación del proyecto de construcción del Puente del Centenario en Sevilla, que benefició a una unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Acciona, Tecade y Feyssinet, al alcanzar la mejor puntuación.

Casos de Adjudicación y Reuniones Sospechosas

Otro ejemplo fue el proyecto de la autovía A-12, donde la UTE conformada por Torrescámara, Ortiz y Levantina logró el contrato, con la última propiedad de José Ruz, quien tuvo varios encuentros con Koldo García, asesor de Ábalos. Testimonios e imágenes de sus reuniones han sido recolectadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Transferencias Irregulares

La investigación también sugiere que Ruz realizó transferencias de 50,000 euros a una de las empresas asociadas a Víctor de Aldama, quien es investigado por sus supuestos vínculos en esta trama de corrupción.

Este contrato se licitó inicialmente por 80.7 millones de euros, adjudicándose finalmente por 59.8 millones, con un incremento posterior que aumentó su costo en 9.7 millones. Según la IGAE, la nueva fórmula de puntuación aplicada exclusivamente en este contrato produjo «una importante distorsión».

Impacto en la Adjudicación

La IGAE sostiene que la fórmula de evaluación duplicó prácticamente las diferencias entre la oferta ganadora y las demás, una discrepancia de casi un 93%. Un análisis simulado evidenció que si se hubiese utilizado la fórmula anterior, la UTE ganadora ni siquiera habría alcanzado la segunda mejor propuesta.

Persuasión en la Adjudicación

A medida que avanza la investigación, emerge la figura de Koldo García, quien buscó interceder para asegurar que Levantina obtuviera más contratos. Conversaciones grabadas entre García e Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, revelan intentos de asignar obras a la constructora. Ante negativas, García presionó para conseguir adjudicaciones de emergencia.

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