El Tribunal Supremo Confirma el Traslado de Menores Migrantes a Madrid
Decisión clave en el conflicto entre el Gobierno de Sánchez y la Comunidad de Madrid, que busca proteger los derechos de los menores migrantes.
El Tribunal Supremo ha desestimado la solicitud de la Comunidad de Madrid para frenar el traslado de 12 menores migrantes desde Ceuta y Canarias. La decisión respalda la necesidad de actuar en casos de hacinamiento y protección de estos jóvenes, que se encuentran en condiciones precarias.
Un Paso Adelante en la Protección de Menores
La alta corte ha ratificado que Ceuta y Canarias han superado en tres ocasiones su capacidad para acoger y proteger a menores migrantes. Aceptar la medida cautelar de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, habría resultado en un daño grave para los menores involucrados. El Gobierno madrileño ya ha comenzado a acoger a 120 jóvenes de estas regiones, cumpliendo con el decreto de reparto establecido por el Ejecutivo central.
El Enfrentamiento Político
Esta resolución es parte de la disputa más amplia entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Ayuso sobre cómo manejar el flujo de menores no acompañados. Madrid ha impugnado decisiones anteriores en diversas instancias, argumentando que el nuevo modelo de distribución no es adecuado. Sin embargo, el Supremo considera que mantener a estos menores en el sistema de acogida de las islas podría causarles “graves daños”.
Condiciones Críticas de Acogida
El tribunal ha subrayado que la situación de migración en Canarias y Ceuta ha llegado a un punto crítico, afectando la capacidad de estas comunidades para proporcionar adecuadas condiciones de vida. En este contexto, el Ministerio de Juventud e Infancia ha calificado la decisión como una victoria en la defensa de los derechos de los menores migrantes, rechazando las estrategias de obstrucción por parte de algunos gobiernos autónomos.
Reclamaciones Pendientes
Aparte del reparto nacional, Madrid ha solicitado apoyo para la acogida de menores migrantes solicitantes de asilo ya bajo su cuidado. A pesar de las decisiones del Supremo, el Gobierno central no ha tomado aún medidas para atender estas peticiones, lo que ha generado inquietud en la administración regional. Madrid, que ha atendido a 117 menores en el último año, demanda una acción coordinada para abordar este desafío humanitario.
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