Carasatorre, condenado por el asesinato de Ordóñez, logra semilibertad en el País Vasco

Carasatorre, condenado por el asesinato de Ordóñez, logra semilibertad en el País Vasco

La Controversia de la Semilibertad en España: El Caso de Juan Ramón Carasatorre

La reciente concesión de semilibertad a Juan Ramón Carasatorre, uno de los condenados por el asesinato del concejal del PP en San Sebastián, ha desatado un intenso debate sobre los criterios de reinserción de los exterroristas en España.

Desde el 2 de enero de este año, Juan Ramón Carasatorre, conocido como Jon y Zapata, está bajo un régimen de semilibertad, tras recibir el visto bueno del Gobierno vasco. Esta decisión le permitirá salir de prisión de lunes a viernes, obligándose a regresar cada noche al penal, según lo establecido en la normativa penitenciaria que regula estos casos.

Detalles del Caso Carasatorre

Carasatorre fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995, junto a otros colaboradores. Su historial delictivo incluye la participación en el asesinato de varios funcionarios de seguridad. Actualmente, cumple su condena en el penal de Zaballa, en Álava.

Reacciones de las Víctimas

La decisión de otorgar semilibertad ha provocado críticas de grupos de víctimas del terrorismo. Consuelo Ordóñez, hermana de Ordóñez y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), ha expresado su deseo de mantener un encuentro restaurativo con Carasatorre, recordando su reunión previa con otro implicado en el crimen.

Normativa de Semilibertad y su Aplicación

El artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario permite a los reclusos desarrollar actividades externas como parte de su proceso de reintegración. Para acceder a este régimen, los internos deben presentar un plan que detalle sus ocupaciones durante su tiempo fuera de la cárcel.

Controversia sobre los Beneficios Penitenciarios

La concesión de beneficios, como la semilibertad, ha sido criticada por muchas víctimas, que consideran que estos derechos están siendo mal utilizados. Se les ha calificado de “terceros grados fraudulentos”, argumentando que se está desnaturalizando el arrepentimiento exigido para acceder a estos permisos.

La Respuesta del Gobierno Vasco

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del País Vasco, María Jesús San José, ha reconocido el dolor que causan estas decisiones en las víctimas, pero afirmó que la administración cumple con las normativas vigentes. Defendió que cada concesión de permisos se realiza con rigurosidad y se enmarca dentro del estado de derecho.

Denuncias sobre «Amnistía Encubierta»

Covite ha denunciado que las decisiones del Gobierno vasco implican una “amnistía encubierta” para los presos de ETA, lo que ha llevado a un intenso escrutinio de estas políticas. Sin embargo, la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, ha asegurado que la legalidad ha sido respetada en cada caso, independientemente de la gravedad de los delitos cometidos.

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