Acusaciones en su contra

La Fiscalía ha confirmado su apoyo a la extradición de James Cox Chambers a Estados Unidos, donde se le acusa de haber contribuido al financiamiento del terrorismo propalestino. Esta afirmación se encuentra en un informe presentado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que deberá determinar si autoriza o no la entrega del millonario.

Captura en Ibiza y cargos en EE.UU.

Chambers, conocido por sus posturas propalestinas y de extrema izquierda, fue detenido en julio en Ibiza, donde había manifestado su intención de residir. Las autoridades estadounidenses lo reclaman no solo por blanqueo de capitales, sino también por su supuesta implicación en financiar a la organización terrorista Hamás.

La posición de la Fiscalía

En su informe, la Fiscalía subraya que las acciones que se le imputan a Chambers podrían constituir un delito de financiación del terrorismo según la legislación española. Entre los cargos se encuentran también «daños y/o desórdenes públicos terroristas» y «integración en un grupo u organización terrorista».

Actividades de Chambers

El fiscal Vicente González Mota detalla que Chambers fue el fundador y director de Palestine Action US, ahora llamada Unity of Fields, con la supuesta intención de llevar a cabo acciones violentas contra la empresa israelí de defensa Elbit Systems.

Vínculos con Irán y transferencias de dinero

El informe también indica que Chambers visitó la embajada de Irán en dos ocasiones (en abril y mayo de 2024) y que planeó junto a sus asociados evadir sanciones estadounidenses para canalizar fondos hacia acciones terroristas. Se menciona una transferencia de 20.000 dólares a la Alianza por la Justicia Global (AFGF), organización que actúa como recaudadora para el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), tras haber enviado previamente otros 40.000 dólares.

Reacciones y defensa legal

Tras la matanza perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, Chambers manifestó su apoyo al grupo en redes sociales. Su defensa legal, encabezada en España por el exjuez Baltasar Garzón, argumenta que las acusaciones de EE.UU. tienen un sesgo político. Además, su equipo de prensa anuncio su intención de celebrar audiencias para discutir «12 alteraciones sustanciales» en la traducción de la documentación estadounidense solicitando la extradición.

La defensa considera estas incongruencias una posible muestra de mala fe por parte del Departamento de Justicia de EE.UU., que intentaría inducir error en las autoridades españolas para justificar la extradición.