Álvaro García Ortiz Solicita Neutralidad en la Tasación de Costas
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha dirigido al Tribunal Supremo para pedir que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid quede al margen en la determinación de los costos asociados a su condena por revelación de secretos.
La Abogacía del Estado, encargada de defender a García Ortiz, ha impugnado la valoración de 79.942 euros en costas comunicada por el tribunal, argumentando que resulta desproporcionada y proponiendo una reducción a 4.240 euros. La decisión final depende de que el Supremo obtenga un informe del colegio profesional; sin embargo, la defensa cuestiona la imparcialidad del ICAM, el cual actuó como acusación popular en su caso.
Las Razones Detrás del Recurso
García Ortiz fue condenado en noviembre por filtrar un correo electrónico relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien enfrenta cargos de fraude fiscal. Esta condena resultó en su inhabilitación para ocupar su cargo, así como en el deber de pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador, costes que ya fueron cubiertos por la Unión Progresista de Fiscales a través de donaciones entre sus miembros.
Un Cálculo de Costas Controversial
La cifra de 79.942 euros propuesta por el Supremo incluye los honorarios del abogado de González Amador, que ascienden a 64.778,78 euros, junto al IVA y los honorarios de la procuradora. La Abogacía del Estado considera que estos montos son manifiestamente desproporcionados.
Argumentos de ambas Partes
El abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, justifica su minuta argumentando la particular naturaleza del caso y su complejidad institucional. Por otro lado, la defensa de García Ortiz sostiene que el monto solicitado es excesivo y no justificado, aduciendo que el impacto mediático y la dificultad jurídica del caso son mucho menores de lo que la otra parte plantea.
Cuestiones de Proporcionalidad
La defensa también señala que la responsabilidad civil impuesta de 10.000 euros debería reflejarse en los costos de abogado, reclamando coherencia en la proporcionalidad de los montos. «Es incompatible que los costes superen ampliamente la condena civil», enfatiza la Abogacía del Estado.
Un Llamado a la Imparcialidad
El Supremo deberá decidir sobre este recurso, pero la defensa insisten en que el ICAM no es el organismo adecuado para emitir el informe técnico sobre las costas, dada su implicación previa en el caso. Piden que el tribunal considere un informe de otro colegio de abogados o del Consejo General de la Abogacía Española para asegurar una evaluación objetiva y justa.
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