El Gobierno Extiende la Protección Contra Desahucios para Personas Vulnerables hasta 2026
Un nuevo real decreto ley busca proteger a quienes no cuentan con alternativas habitacionales, prolongando la moratoria de desahucios en Argentina hasta fines de 2026.
Reapertura de la Prohibición de Desahucios
El reciente real decreto ley, publicado en el Boletín Oficial, ha reactivado la prohibición de desalojos para personas en situación vulnerable hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida surge tras la anulación del anterior decreto, que incluía una moratoria y diversas ayudas sociales.
Medidas Propuestas por el Ejecutivo
La propuesta del Gobierno extiende la imposibilidad de desalojar a inquilinos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Este nuevo enfoque busca asegurar que no se realicen desahucios sin ofrecer alternativas habitacionales a los afectados.
Contexto del Cambio Normativo
El 27 de enero, el Congreso revocó el decreto ómnibus que integraba la moratoria respecto a los desahucios, así como otros beneficios. En respuesta, se ha presentado este nuevo real decreto para preservar estas cruciales medidas de protección social.
Excepciones y Consideraciones para Propietarios
En un acuerdo con el PNV, se ha estipulado que propietarios con un máximo de dos viviendas, o aquellos que también se encuentren en situación vulnerable, no estarán sujetos a la nueva prohibición de desahucios. Por ende, los pequeños propietarios tendrán condiciones diferenciadas respecto a los grandes tenedores.
Condiciones de Inquilinos y Propietarios
Aquellos que posean hasta dos viviendas podrán proceder con desahucios si los inquilinos incumplen con sus pagos. La moratoria no interferirá en este tipo de situaciones, permitiendo que se continúe con los procedimientos de desalojo.
Responsabilidad en la Búsqueda de Alternativas Habitacionales
La obligación de proporcionar soluciones de vivienda a los residentes vulnerables recae ahora en los servicios sociales. Esta modificación busca ofrecer una mayor protección legal a los propietarios que enfrenten casos de okupación, previniendo que los ocupantes se escuden en la vulnerabilidad económica para evitar el desalojo.
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