La Fiscalía Nacional avanza en la prohibición de la gestación subrogada en España
En un nuevo esfuerzo por combatir la gestación subrogada, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que impida el acceso a diversas páginas web que ofrecen este servicio desde el extranjero.
La Fiscalía ha intensificado sus acciones contra la gestación subrogada, pidiendo al Ministerio de Igualdad la adopción de medidas que bloqueen al menos trece plataformas que operan fuera de la Unión Europea. Estas empresas facilitan a familias españolas el acceso a servicios de vientre de alquiler, aunque esta práctica es ilegal en el país.
Un paso más en la defensa de los derechos
Este esfuerzo se suma a una victoria reciente, cuando la Fiscalía logró cerrar por primera vez sitios en España que promocionaban la gestación subrogada. En este esquema, se ofrece a mujeres un pago por gestar bebés, que luego se entregan a las familias contratantes. El último movimiento busca impedir que se acceda a portales en naciones donde esta práctica es legal, como Estados Unidos, Israel y Colombia.
Estado de la gestación subrogada en España
En España, la gestación subrogada está prohibida desde 2006. El Tribunal Supremo ha establecido un claro precedente, afirmando que esta práctica reduce a las madres y a los niños a meras mercancías. La jurisprudencia vigente considera inaceptable esta dinámica comercial.
Medidas del Gobierno para limitar el acceso
El Gobierno ha implementado varias estrategias en los últimos años para controlar la búsqueda de vientres de alquiler en el extranjero. Unos meses atrás, se estableció que los bebés nacidos mediante gestación subrogada ya no serían inscritos de forma directa en el Registro Civil, siguiendo una línea de adaptación con las sentencias del Tribunal Supremo.
Un enfoque en el interés superior del menor
La restricción tiene un motivo claro: evitar la mercantilización de los menores y asegurar que se respeten los procedimientos legales para la filiación y el registro. En este contexto, la inscripción solo puede llevarse a cabo bajo los cauces legales habituales, que prevén el vínculo biológico o la adopción.
Un llamado a la acción coordinado
La propuesta de la Fiscalía, redactada por Manuel Campoy, busca no solo restringir el acceso a estas plataformas, sino también centrarse en aquellos intermediarios que intentan eludir la prohibición de la ley española mediante servicios en el extranjero. Esta iniciativa es apoyada por numerosas denuncias de entidades tanto públicas como privadas.
Derechos fundamentales en juego
La Fiscalía defiende su postura como una acción en pro de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de la protección de los consumidores ante prácticas ilegales. Como parte del proceso, ha solicitado también una resolución judicial para abordar este impedimento robusto, asegurando que se salvaguarden las libertades de expresión e información.
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