En los últimos dieciocho meses, la decisión del presidente Sánchez de establecer un modelo financiero que favorece a Cataluña ha desatado el descontento de varios líderes socialistas. Seis de ellos alzaron la voz contra lo que consideran una medida que beneficiará desproporcionadamente a la región catalana. De estos, solo continúan en sus cargos el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el asturiano Adrián Barbón. Los demás, todos líderes regionales, han sido destituidos.

Los dirigentes que respaldan la decisión gubernamental repitieron la narrativa de Moncloa. Sin embargo, Juan Espadas, exlíder del PSOE en Andalucía, criticó la desigualdad que podría conllevar el acuerdo, reclamando que su comunidad tenga «las mismas condiciones» que Cataluña. Aunque fue apartado de su liderazgo por los malos resultados electorales, le fue otorgada la portavocía en el Senado.

Los Críticos y la Rebeldía Interna

Uno de los disidentes más notorios fue Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, conocido como el líder de la oposición interna al acuerdo. Gallardo expresó su preocupación por el riesgo que representa el modelo para principios de solidaridad entre comunidades. Sostuvo que la financiación autonómica debería basarse en un marco común, no en acuerdos específicos que rompan con la justicia territorial.

Su destitución tras los resultados desfavorables en las elecciones del 21 de diciembre dejó al descubierto las divisiones dentro del partido. Gallardo afirmó estar «radicalmente en contra» de cualquier sistema que otorgue privilegios a una sola comunidad, reafirmando la importancia de la igualdad entre ciudadanos.

Reacciones de los Líderes Autonómicos

Las preocupaciones no son aisladas; otros líderes como Page y Tudanca también expresaron su desacuerdo. El presidente de Castilla-La Mancha enfatizó que el pacto es «intolerable» y que podría romper la «igualdad entre españoles». Propuso que el asunto sea llevado al Constitucional si no se reconsideran las condiciones del acuerdo.

Por su parte, Adrián Barbón mostró un matiz en sus críticas, destacando que no se puede apoyar un modelo que perjudique a Asturias. Luis Tudanca, de Castilla y León, hizo eco de su preocupación al afirmar que no tolerará un sistema que dañe a su comunidad, subrayando que las decisiones deben fortalecer la unidad territorial.

El fallecido Javier Lambán, que también se opuso firmemente, consideró el acuerdo como un precedente inaceptable que podría debilitar la cohesión nacional. Ahora, Pilar Alegría, su sucesora, defiende la posición del Gobierno mientras se prepara para la campaña electoral en Aragón, prometiendo proteger los intereses de la comunidad.