Marlaska podrá clasificar información como 'confidencial' sin necesidad de aprobación del Congreso

Marlaska podrá clasificar información como ‘confidencial’ sin necesidad de aprobación del Congreso

Nuevo sistema del Ministerio del Interior: un manto de opacidad

La reciente iniciativa del Ministerio del Interior plantea un cambio significativo en la clasificación de información, promoviendo un marco que genera preocupación en torno a la transparencia en la gestión pública.

El Ministerio del Interior se encuentra en proceso de implementar una orden que permitirá clasificar una amplia gama de información bajo el argumento de «intereses de España». Esta normativa, aún no publicada en el Boletín Oficial, se enmarca dentro del proyecto de orden ministerial titulado Política de seguridad de la información clasificada nacional y de la información sensible del Ministerio del Interior.

Esta iniciativa, impulsada por el ministro Fernando Grande-Marlaska, establece una nueva categoría que incrementa la opacidad dentro del ministerio.

Nuevas clasificaciones y sus implicaciones

La orden permitirá declarar como “confidencial” la información cuya difusión represente una amenaza para los «intereses de España». Asimismo, se introduce el concepto de “difusión limitada”, que abarcará información cuya divulgación sea considerada «contraria» a estos intereses.

Este enfoque no se basa en un catálogo específico, sino en valoraciones que realizará la alta dirección del ministerio sobre distintos tipos de expedientes, como los policiales o penitenciarios.

Control sin supervisión parlamentaria

Este sistema se implementará sin pasar por el debate en las Cortes, lo que podría vulnerar el principio constitucional que estipula que estos temas deben ser regulados por ley. En vez de ello, se optó por una simple orden ministerial, lo que podría condicionar el acceso a la información pública y limitar la libertad informativa.

El nuevo régimen de clasificación no solo establece dos niveles, sino que introduce una jerarquía de “información sensible”, que incluye etiquetas de uso oficial, interno y público, restringiendo así el acceso a ciertos documentos.

Creación de un entorno más restrictivo

Esta orden abriría una puerta trasera para proteger desde informes internos hasta comunicaciones con otros organismos, cuando se considere que su divulgación podría incomodar al Gobierno.

Más niveles de discrecionalidad

El proyecto no solo clasifica información, sino que también define quién puede acceder a ella. El acceso estará limitado al principio de “necesidad de conocer”, lo que significa que sólo quienes demuestren una necesidad concreta podrán acceder a documentos clasificados.

Esta restricción plantea serias dudas, dado que muchos podrán ver denegadas sus solicitudes sin justificación clara. Organismos de control externos también se enfrentarían a limitaciones significativas para acceder a la información clasificada, ya que ello dependería de un mandato legal previo.

Reacciones y preocupaciones

La medida ha generado críticas en diversos sectores, incluidos órganos consultivos como el Consejo de Estado y el Consejo de Transparencia, alertando sobre el riesgo de un “aumento de la opacidad” en el Ministerio del Interior.

Un avance hacia la falta de transparencia

La oposición y expertos en el campo de la transparencia expresan su preocupación respecto a la falta de un marco legal adecuado y la posibilidad de que esta nueva norma fortalezca un control excesivo sobre la información. Este contexto se torna aún más delicado en un momento donde se observan críticas sobre la transparencia del Gobierno en diversas áreas.

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