Accidente en Adamuz: Víctimas Demandaron Apoyo de Adif Que Sigue Ausente
Más de siete semanas después del trágico descarrilamiento en Adamuz, Córdoba, la Asociación de Víctimas critica la falta de respuesta de Adif, mientras otras instituciones se hicieron presentes.
El Clamor de las Víctimas
Tras el descarrilamiento del 18 de enero, la Asociación de Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha expresado su descontento con Adif, la entidad responsable de las infraestructuras ferroviarias. En una carta que ha obtenido nuestro medio, los afectados subrayan que Adif ha permanecido en completo silencio, a diferencia de otras entidades como la Casa Real y el Ministerio de Transportes, que sí se comunicaron para ofrecer su apoyo.
El Lamentable Silencio de Adif
En su escrito, los miembros de la asociación resaltan que hasta la fecha “no ha habido ni una sola palabra, gesto o comunicación” por parte de Adif. Esto ha generado en ellos un profundo sentimiento de desamparo y desconcierto.
Demandan Humanidad y Transparencia
Con un tono marcado por la desgana, la asociación sugiere que, más allá de las responsabilidades legales, lo mínimo que se esperaba por parte de Adif era un acto de «humanidad, cercanía y respeto» hacia quienes sufrieron esta tragedia.
Peticiones de Empatía
La carta, firmada por Mario Samper, presidente de la asociación, señaló que la falta de contacto con Adif es “sorprendente y dolorosa”, intensificando el desasosiego que rodea el accidente. Aunque reconoce la autoridad de los tribunales para dirimir responsabilidades, reprocha a Adif la ausencia de colaboración y transparencia esencial en este tipo de situaciones críticas.
Controversia sobre la Retirada de Restos
Además, se subrayó que Adif actuó sin autorización al retirar material del lugar del siniestro, una acción ya reprimida por la juez a cargo de la investigación. Los restos fueron llevados a una base de mantenimiento en Hornachos, lo que ha encendido aún más las críticas.
La Respuesta del Gobierno
El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció que debió existir una comunicación formal hacia la autoridad judicial. Sin embargo, se defendió asegurando que no hubo riesgo de alteración de las pruebas involucradas en la tragedia.
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