El Tribunal Supremo de España ha impuesto penas de prisión que oscilan entre ocho meses y un año y diez meses a siete personas por la difusión de mensajes agresivos y violentos dirigidos a menores extranjeros no acompañados en 2017, a través de un grupo de Facebook.

Incitación al odio en redes sociales

Este caso surgió tras la publicación de una foto de un joven agredido, lo que desató comentarios despectivos y violentos entre los miembros de un grupo titulado “Opinión popular de Melilla”, que contaba con 14,000 integrantes. Los acusados realizaron afirmaciones repugnantes, tildando a los menores migrantes de «escoria» y «bazofia», y clamando por la creación de patrullas para limpiar las calles de estos jóvenes.

Reacciones provocadas por un incidente

El primer comentario ofensivo apareció el 15 de enero de 2017, en respuesta a una imagen que mostraba a un niño con heridas tras ser atacado. Este detonante alimentó un torrente de expresiones de odio que fueron meticulosamente analizadas por la Sala Penal del Tribunal, la cual remarcó que tales comentarios no pueden escudarse bajo la libertad de expresión.

La defensa y la respuesta judicial

Los defensores de los acusados intentaron justificar sus expresiones apelando a la libertad de expresión, pero el Supremo determinó que este derecho tiene sus límites, especialmente cuando se trata de comentarios que atentan contra los derechos constitucionales de otros.

Un precedente judicial importante

Inicialmente, diez personas fueron juzgadas, pero un tribunal de Melilla absolvió a todos. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el Servicio Jesuita de Migrantes interpusieron recursos, y la Audiencia Provincial de Málaga finalmente revocó esta absolución, condenando a siete de ellos. Esta decisión ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, aunque con una reducción de penas por el tiempo transcurrido en el proceso judicial.

Implicaciones de la resolución

El fallo subraya que las acciones y comentarios de los acusados no solo despectivos, sino que también incitan al odio y podrían incitar a la violencia contra un colectivo específico. Los magistrados resaltaron que el hecho de que los comentarios se difundieran en una plataforma con un amplio número de miembros agrava aún más la gravedad de los hechos.

Este caso resalta la responsabilidad que conllevan las publicaciones en las redes sociales y establece un claro mensaje sobre la línea que no debe cruzarse bajo ninguna circunstancia.