Alberto González Amador Defiende Su Inocencia en Juicio por Fraude Fiscal
El empresario, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostiene que no cometió ningún delito y denuncia la vulneración de sus derechos en el proceso judicial.
Un Pleito que Genera Expectativa
Alberto González Amador, quien ocupa una posición destacada en el ámbito empresarial y es pareja de la presidenta madrileña, se enfrenta a graves acusaciones de fraude fiscal, sin embargo, su defensa asegura que no hay base para tales reclamos.
Argumentos de Defensa
En su reciente escrito ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, la defensa de González Amador refutó las afirmaciones de la Fiscalía, argumentando que no hay deuda tributaria en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021 y que las facturas presentadas son auténticas. Además, alegaron que el ex fiscal general Álvaro García Ortiz había vulnerado sus derechos fundamentales en el curso del procedimiento.
Las Acusaciones en Su Contra
Las autoridades judiciales han solicitado penas de casi cuatro años de cárcel y multas que superan los 448.000 euros, en relación con presuntos delitos de fraude a la Hacienda, falsedad documental y pertenencia a un grupo criminal.
Una Llama de Injusticia
Los abogados de González Amador enfatizan que el proceso judicial ha estado marcado por irregularidades, describiendo la situación como “la antítesis de un procedimiento penal justo”. Además, han expresado que el propio Fiscal General del Estado, condenado por revelación de datos reservados, ha influido negativamente en el caso.
El Contexto Político y Judicial
La defensa también menciona que figuras políticas, incluido el presidente Pedro Sánchez, han expuesto de manera pública declaraciones que señalan a González Amador como un “delincuente confeso”, lo que, según argumentan, ha agudizado la lesividad de sus derechos en este contexto legal.
Alegaciones de Abuso de Poder
La representación legal de González Amador sostiene que el ámbito judicial ha sido manipulado, indicando que el ex fiscal general, en lugar de proteger los derechos fundamentales, ha contribuido al deterioro de su defensa.
Finalmente, la Audiencia Provincial ya había avalado el procesamiento de González Amador y otros empresarios, acusándolos de un presunto fraude de más de 350.000 euros mediante un sistema de facturas fraudulentas. La saga judicial avanza y sus implicaciones políticas e institucionales continúan desarrollándose.
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