El etarra Carasatorre obtiene semilibertad: un tema controvertido para las víctimas
Juan Ramón Carasatorre, condenado por el asesinato del político Gregorio Ordóñez, ha obtenido un régimen de semilibertad que ha desatado la indignación de las víctimas del terrorismo.
El fatídico crimen ocurrió el 23 de enero de 1995 en el bar La Cepa de San Sebastián, cuando Ordóñez disfrutaba de una comida con compañeros de su partido.
Un historial delictivo preocupante
Carasatorre fue sentenciado a 30 años por este asesinato, a lo que se suman otros 30 años por la muerte del inspector de Policía Enrique Nieto y más de 30 años por el asesinato del brigada del Ejército Mariano de Juan Santamaría.
Beneficios penitenciarios y el artículo 100.2
La semilibertad de Carasatorre se enmarca en una tendencia preocupante, donde otros etarras, como el exjefe de ETA, ‘Txeroki’, también han recibido este trato. Esta medida se sustenta en el polémico artículo 100.2, que permite a los presos salir de la cárcel durante el día, siempre y cuando regresen para dormir.
Reacciones de las víctimas
Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio, ha expresado su malestar, señalando que el caso de Carasatorre es uno de los más de 100 etarras que desde 2022 han salido bajo este régimen. «Me indigna no haberme dado cuenta de lo que supone el artículo 100.2», lamenta.
Política penitenciaria y su impacto
Ordóñez también ha denunciado que esta política penitenciaria se asemeja a una «amnistía encubierta», lo que va en contra del derecho de las víctimas a obtener justicia. La falta de exigencia de arrepentimiento por parte de los presos está generando una sensación de impunidad en quienes han sufrido a causa del terrorismo.
Un clamor silencioso
La ex diputada del Parlamento Vasco, María San Gil, se ha rehusado a comentar públicamente el tema, señalando: «Lo que tengo que decir no se puede publicar». Este silencio generalizado entre figuras políticas y sociales aumenta la frustración de las víctimas, quienes ven en estas decisiones un «fraude» al derecho a la justicia.
El dilema moral del 100.2
Las críticas se multiplican a medida que se observa que el uso del artículo 100.2 se está institucionalizando, lo que ha motivado a organismos como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) a afirmar que esta norma vacía el carácter excepcional que debería tener.
Consuelo Ordóñez concluye que «las consecuencias de este final de ETA indigno las estamos pagando las víctimas con la impunidad de los asesinos de nuestros familiares».
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