Senado culpa al Gobierno, Red Eléctrica y CNMC por el apagón

Senado culpa al Gobierno, Red Eléctrica y CNMC por el apagón

El Senado Carga Contra el Gobierno por el Apagón Eléctrico del 28 de Abril

El Senado ha dictado un veredicto contundente sobre el apagón del 28 de abril de 2025, responsabilizando a distintas entidades gubernamentales y reguladoras. La noticia genera gran expectación en un contexto de creciente preocupación sobre la seguridad del suministro eléctrico en España.

La Comisión de Investigación del Senado ha concluido que el Gobierno, Red Eléctrica de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) son culpables del apagón que afectó a millones de ciudadanos en abril de 2025.

Responsabilidades Señaladas en el Informe

Según el informe oficial, el Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es señalado por fallos en la supervisión del sistema eléctrico. La Comisión considera que la gestión de la transición energética no implementó mecanismos de seguridad adecuados.

Fallas en la Supervisión del Gobierno

El informe resalta que el Gobierno no exigió la comunicación de incidentes previos que podrían haber alertado sobre el riesgo de un apagón. Esta falta de acción se observa como una clara irresponsabilidad supervisora, ya que no se exigieron medidas para asegurar el suministro.

Pérdida de Confianza en Red Eléctrica

Red Eléctrica también enfrenta duras críticas. La Comisión la acusa de omitir medidas preventivas, a pesar de haber documentado vulnerabilidades en el sistema desde enero de 2025. La falta de activación de protocolos de emergencia fue crucial para el colapso.

La CNMC y la Opacidad Regulatoria

Por su parte, la CNMC es señalada por no actualizar procedimientos clave desde el 2000, contribuyendo a un «funcionamiento anormal» del servicio público. Esta falta de actualización y transparencia dificultó la investigación sobre las causas del apagón.

Sin Responsabilidad para Empresas Privadas

Curiosamente, el informe no encuentra culpabilidad en las empresas privadas del sector eléctrico, lo que ha generado debates sobre la regulación actual y la efectividad de las medidas de supervisión.

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