La Administración española es una de las más opacas de los países
avanzados. Una opacidad que permite escándalos como el del caso
Palma Arena en Baleares, el caso Gürtel en la
Comunidad Valenciana y en Madrid o los ERE en Andalucía. El Gobierno
ha decidido promover una ley para intentar acabar con esa larga
tradición de secretismo sobre cómo se gasta el dinero público. Una
norma, la ley de transparencia, que ya tienen casi todos los países
de nuestro entorno, y que el anterior Gobierno tenía ultimada pero
nunca se animó a aprobar.
El PP la sacará adelante y, según fuentes gubernamentales que la
ultiman en estas horas, contendrá novedades muy relevantes. El
Gobierno, por ejemplo, pondrá a disposición de los ciudadanos todos
los contratos de la Administración General del Estado, hasta el más
pequeño. Se publicará cuál fue el procedimiento, el importe y el
adjudicatario, también de todas las subvenciones o ayudas públicas
que cada departamento concede y convenios que suscribe.
Cada ministerio y cada dirección general tendrán que dar a
conocer todos sus contratos, cómo se gasta el dinero, con qué
organigrama trabaja, y cuál es el sueldo de su equipo directivo.
Estarán todos en las webs de cada ministerio, pero para unificar y
facilitar la consulta, el Gobierno creará un portal de la
transparencia, inspirado en el que tienen otros países (el de
Estados Unidos, data.gov, es
especialmente detallado), en el que estarán de forma accesible y
fácil de consultar todos estos datos.
No todas estas informaciones son ahora secretas, pero la mayoría
se publican de forma farragosa, llegan solo al Congreso, o son
prácticamente imposibles de consultar. Y muchas de ellas ni siquiera
se publican, como es el caso de los sueldos, ya que solo se hace con
el de los ministros.
Mariano Rajoy ha incumplido hasta ahora buena parte de sus
promesas —no subir impuestos, no abaratar el despido— pero con la
ley de transparencia parece dispuesto a cumplir. De hecho, este
asunto es uno de los ejes de sus discursos públicos. Mañana, antes
de los 100 días de su Gobierno, como prometió, se aprobará una norma
fundamental para facilitar el control de la labor del Ejecutivo,
precisamente en un momento en el que Rajoy, si el PP gana en
Andalucía el domingo, acumulará el mayor poder conocido por un
partido en la historia de la democracia española.
La reforma será presentada el viernes por su principal
responsable, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ha sido
una norma elaborada por su equipo, en especial por José Luis Ayllón,
secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y su mano derecha
en la oposición, cuando ella era portavoz parlamentaria.
La ley tendrá tres patas. Una, la de la publicidad activa, esto
es, toda esa información que se va a publicar sin necesidad de que
nadie la pida en ese portal de la transparencia. Otra, la del
derecho a la información. Se establecerá, como gran novedad y
también de forma similar a otros países [EE UU y Reino Unido la han
llamado ley de libre acceso a la información], el derecho a esa
información pública, de manera que las Administraciones estarán
obligadas a contestar cuando un ciudadano reclame un dato del uso de
dinero público
Y por último, la pata del “buen gobierno”, donde se incluirán las
sanciones que ya anunció en su día Cristóbal Montoro —incluida la
inhabilitación— para los malos gestores de las cuentas públicas.
La ley tardará meses en entrar en vigor. Antes se abrirá, durante
15 días, un novedoso proceso de consulta pública electrónica, en el
que los ciudadanos —hay varias asociaciones muy interesadas— podrán
aportar sugerencias. Aunque la ley se
pretende ambiciosa, no es presumible que se llegue tan lejos como en
EE UU, donde por ejemplo se puede consultar qué personas han
visitado la Casa Blanca —incluidos representantes de lobbys—,
a qué hora entraron y salieron.
La ley y el portal se concentran en la Administración General del
Estado. Sin embargo, la Administración autonómica y local,
especialmente interesantes porque controlan los datos sobre sanidad,
educación o servicios sociales, estarán también obligadas por esta
norma a establecer sus propios mecanismos de transparencia, con lo
que es presumible que el proceso de apertura se extienda poco a poco
también a las autonomías y Ayuntamientos.
En cualquier caso, costará cambiar la cultura opaca. Este
miércoles fue imposible saber el coste del vídeo institucional
realizado por el Ministerio de Empleo para defender la reforma
laboral.
