Dos asuntos relacionados con la financiación de su campaña
electoral en 2007, otro sobre la de Edouard Balladur en 1995 —cuando
Sarkozy era ministro de Presupuesto y su portavoz— y la atribución
de unos contratos durante su pasada presidencia pueden perseguir a
Sarkozy en los próximos meses.
El expresidente puede seguir los pasos de su antecesor en el
cargo, Jacques Chirac, el
primer jefe de Estado convocado por la Justicia y, posteriormente,
condenado por un caso de corrupción tras abandonar el Elíseo.
Como Chirac, Sarkozy se ha
beneficiado de la inmunidad que otorga el puesto de jefe de Estado,
lo que ha retrasado algunas de las investigaciones, un estatus que
el actual inquilino del Elíseo,
François Hollande, se ha comprometido a revisar para que el
presidente sea tratado como un ciudadano normal.
Una situación, la de justiciable común, que Sarkozy recobra a
partir de la noche del viernes, cuando se habrá cumplido un mes del
traspaso de poderes a Hollande.
Presunta financiación ilegal
La investigación judicial más avanzada que concierne a Sarkozy es
la relativa a la presunta financiación ilegal de la campaña
electoral que le llevó al Elíseo en 2007 por la
multimillonaria heredera del grupo de cosméticos L'Oréal,
Liliane Bettencourt.
Un juez instructor de Burdeos investiga si la segunda fortuna de
Francia entregó importantes sumas de dinero a Sarkozy, directamente
o a través del que entonces era tesorero de su campaña, el
exministro Éric Woerth.
El caso, destapado por casualidad en el contexto de una
investigación paralela por una disputa familiar, ha llevado al juez
a procesar a Woerth y al exconsejero financiero de Bettencourt
Patrice de Maistre, presunto receptor de una suma en metálico de
500.000 euros aparentemente
destinada al extesorero de Sarkozy, según la entonces
contable de la millonaria.
Sarkozy puede ser convocado por esas sospechas pero también para
explicar las visitas que efectuó al domicilio de la anciana en la
localidad de Neuilly-sur-Seine, a las afueras de París, de la que el
expresidente fue alcalde.
Aquella campaña, en la que
Sarkozy derrotó a la socialista Ségolène Royal, también
puede interesar a la justicia después de las revelaciones sobre
presuntas entregas de dinero procedentes del régimen libio de Muamar
el Gadafi.
El apoyo económico de Gadafi
Cuando estaba asediado en su palacio de Trípoli, bombardeado por
aviones de la OTAN poco antes de su caída,
Gadafi aseguró haber financiado la
campaña de Sarkozy de 2007.
Posteriormente, la prensa ha difundido documentos presuntamente
oficiales que demuestran que el dictador libio autorizó el pago de
50 millones de euros a la campaña de Sarkozy, aunque la Justicia no
ha abierto ninguna investigación oficial sobre el caso hasta ahora
La campaña de Balladur en 1995
Otro asunto que puede salpicar al expresidente se refiere a la
financiación de la campaña de Balladur en 1995, cuando
Sarkozy era ministro de Presupuesto y, por tanto,
responsable último de la firma de una serie de contratos para la
venta de armas a Pakistán y a Arabia Saudí.
Según los investigadores, esos contratos generaron el pago de una
serie de comisiones que pudieron servir para financiar la campaña
presidencial del entonces primer ministro Balladur, que no logró
pasar a la segunda vuelta.
Hollande se ha comprometido a
desclasificar una serie de documentos secretos que pueden
arrojar luz sobre los contratos militares y sobre la posible
implicación de Sarkozy en el cobro de las comisiones ilícitas.
Contratos para elaborar sondeos
Finalmente, la Justicia puede abrir también una investigación
sobre la atribución de unos
contratos para elaborar sondeos al poco de la llegada de
Sarkozy al Elíseo.
La Presidencia encargó 264 sondeos entre junio de 2007 y julio de
2009 por un valor de 6,35 millones de euros a una empresa de un
consejero político de Sarkozy, Patrick Buisson, sin haber procedido
a una licitación pública.
El Tribunal de Cuentas denunció en un informe que
se había pagado demasiado por ese contrato, pero los
magistrados se vieron obligados a detener las pesquisas por la
inmunidad presidencial. Ahora se puede retomar la instrucción.
