El Gobierno ha aprobado hoy un decreto ley para imponer topes a
las remuneraciones de los directivos de las más de 4.000 empresas
públicas que existen actualmente en España. Según los cálculos que
ha trasladado el Ejecutivo, la medida, que se enmarca dentro de las
políticas de austeridad para reducir el déficit y que se completa
con la reducción del número de estas sociedades, supondrá una rebaja
de entre el 25% y el 35% en los sueldos de estos ejecutivos.
A partir de la entrada en vigor de la normativa, las directivos
de las grandes empresas públicas no podrán cobrar más de 105.000
euros de salario fijo. En las medianas, se establece un tope máximo
de 80.000 euros al año y, en las de menor dimensión, 55.000 euros.
En cuanto a los variables, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, ha anunciado que su percepción estará
"absolutamente ligada al cumplimiento de objetivos" preestablecidos.
Según ha añadido, el Ministerio de Hacienda fijará el porcentaje se
salario que puede ser recibido por esta vía y, en caso de no
alcanzar las previsiones, no se cobrarán.
Además de fijar topes en función del tamaño de las emrpesas
públicas, los salarios en cada una de estas sociedades se
determinarán en función del volumen de actividad, el sector o el
número de trabajadores que estén bajo su responsabilidad. También se
pone límites a la práctica de cobrar parte de los salarios en
especie como con la vivienda o la manutención.
Santamaría ha admitido que la medida establece unos sueldos
máximos que "son sensiblemente inferiores a los que se manejan en el
sector privado para empresas similares". "Pero son salarios
razonables", ha añadido antes de justificar que corren "tiempos de
austeridad" en el que todos los empleados públicos han hecho un
esfuerzo en este sentido al ver congeladas sus remuneraciones. Este
esfuerzo, ha defendido, "tiene que ser compartido por todos".
Preguntada sobre si esta decisión puede suponer una fuga de
talento desde el sector público al privado, la vicepresidenta ha
señalado a que se pueden establecer primas con la parte variable del
salario con vistas a "atraer a los mejores".
Junto a ello, según ha anunciado Santamaría, también se imponen
máximos al número de consejeros de las sociedades en línea con el
sector privado. Así, siguiendo la misma categoría triple que para
los sueldos, las sociedades grandes no podrán tener más de 15
representantes en sus máximos órganos de gobierno. Las medianas, 12,
mientras las más pequeñas verán reducido su número de consejeros
hasta un tope de nueve.
Según los cálculos del Ejecutivo, la medida supondrá la reducción
del número total de consejeros se verá reducido en un centenar. Con
ello, ha destacado Santamaría, esperan obtener un ahorro de un
millón de euros solo en dietas.
El Gobierno, tal y como ya se propuso el anterior Ejecutivo,
quiere reducir el número de empresas públicas con el objetivo de
pasar de las más de 4.000 actuales a unas 3.500. Desde que el
Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010 un plan con
las comunidades autónomas, solo se han eliminado 69 de las 514
comprometidas. Por este motivo, el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, pidió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 17
de enero a los Gobiernos autonómicos que se apliquen para cumplir
con lo pactado.
Para alcanzar las metas fijadas, las distintas Administraciones
Públicas cuentan desde el pasado viernes con la opción de aprobar
Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por causas económicas y
despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado sin que
la autoridad laboral les de el visto bueno. Las empresas públicas
dan trabajo a unas 150.000 personas. Las que dependen de la
Administración Central acumulan una deuda de 32.900 millones, las de
las comunidades registran un pasivo de 24.900 y, las de los
ayunstamientos, unos
9.000 millones. Bruselas no la computa como déficit, aunque puede
obligar a hacerlo en función de cómo se financie.
Sobre la marcha del proceso de reducción del tejido empresarial
ligado al sector público, Santamaría ha afirmado que sigue su curso
y se está analizando cuáles son necesarias, cuáles pueden volver al
ámbito de los Ministerios, las que, por el contrario, funcionarían
en el privado y, por último, las que pueden acabar desapareciendo.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló ayer en una
entrevista a RNE que "este tipo de empresas y fundaciones, que al
final tienen como objetivo evitar los controles de la Administración
Central, han florecido, por decirlo de una manera suave, y no es una
buena práctica".
