Se veía venir. Esa ha sido la frase más repetida este jueves
entre los congresistas de la oposición argentina. Apenas habían
pasado seis meses desde que el 11 de septiembre de 2011 muriesen 11
personas y resultasen heridas 212.
Se trataba de la misma línea donde el miércoles murieron 50
viajeros. La Auditoría General de la Nación había emitido desde 2002
a 2008 cuatro informes en los que advertía que la empresa
concesionaria
Trenes de Buenos Aires (TBA) no cumplía los requisitos básicos
en materia de seguridad y mantenimiento. A raíz del accidente,
varios dirigentes del sindicato peronista
Confederación General del Trabajo (CGT) han pedido la rescisión
del contrato a TBA. Unos han reclamado la nacionalización de los
trenes y otros un mayor control sobre las sustanciosas subvenciones
recibidas por una empresa que gestiona esa línea desde 1995, cuando
gobernaba Carlos Ménem.
El Gobierno sin embargo, ha determinado no dar un paso antes de
que se pronuncie la justicia. En una comparecencia pública sin
derecho a preguntas, el ministro de Planificación, Julio de Vido, ha
anunciado que la presidenta había ordenado que el Estado se
presentase como querellante en la causa judicial que investiga el
accidente. “Acá no se presentan esquemas de protección para nadie”,
ha señalado De Vido. La frase podría interpretarse como una clara
alusión a los dueños de TBA, los hermanos Claudio y Mario Cirigliano,
quienes han venido gozando de excelentes relaciones con todos los
Gobiernos en Argentina desde 1995. Sin embargo, De Vido no ha
anunciado la rescisión del contrato con TBA.
Un directivo de la compañía ha puesto este jueves el foco sobre
el maquinista, Marcos Antonio Córdoba, de 28 años quien se encuentra
herido de gravedad, al sostener que era muy improbable que hubiese
fallado el sistema del freno del tren. Horas más tarde, el
secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, ha informado de que el
tren había venido circulando durante varias horas sin que en ningún
momento se registrara problemas al frenar. El test de alcoholemia
realizado al maquinista
ha dado negativo, según informa La Nación, aunque
permanece imputado.
La diputada Elisa Carrió, de la Coalición Cívica ARI, ha
declarado: "Ojalá los argentinos podamos comprender de una vez por
todas que la corrupción y la impunidad matan". [La tragedia] es el
resultado de la corrupción de los gobernantes que apañan empresarios
inescrupulosos y de jueces que no investigan ni condenan delitos
públicos ni privados”.
Este jueves, precisamente, se ha sabido que el juez Norberto
Oyarbide determinó la nulidad como pruebas de miles de correos
electrónicos que podrían servir como herramienta de las acusaciones
que pesan sobre el antiguo secretario de Transporte, Ricardo Jaime
(2003-2009). Jaime estaba implicado en 15 casos de corrupción
supuestamente cometidos durante su mandato. En 2009, el entonces
fiscal nacional de Investigaciones Administrativas (equivalente a un
fiscal anticorrupción), Manuel Garrido, le abrió una investigación
oficial porque sospechaba que el avión privado en el que el antiguo
secretario de Estado solía viajar a Brasil lo costeaban los dueños
de Trenes de Buenos Aires.
Ahora, más que nunca, la oposición pregunta qué uso se hace del
dinero que el Gobierno destina a los
ferrocarriles. El diario económico El Cronista ha informado
de que el 76% de los ingresos de la empresa concesionaria proceden
del Gobierno. Pero sólo un 6% corresponden al fondo destinado a
obras. La política de precios de la compañía es claramente
populista. Todo el mundo asume que el precio del billete en
cercanías es muy barato. Sin embargo, el estado de la mayor parte de
los trenes es claramente defectuoso. Durante esta época del verano,
a falta de aire acondicionado, en muchos vagones se viaja con las
puertas abiertas.
La oposición ha pedido la comparecencia en el Congreso del
secretario de Transporte, pero este ha declarado que aún no era el
momento. En cuanto a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner,
el director del citado periódico ha criticado en un editorial el
hecho de que su “única reacción” haya sido “la lógica suspensión de
los festejos de carnaval y un escueto comunicado de condolencias
para las víctimas”.
