La Controversia Lingüística en L’Hospitalet: CCC Impugna Cláusulas del Contrato de Mudanzas
La asociación Convivencia Cívica Catalana ha presentado un recurso contra el contrato de servicios de mudanzas del Ayuntamiento de L’Hospitalet, alegando que las cláusulas impuestas violan principios fundamentales de igualdad y libre competencia.
La organización Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha puesto en marcha un recurso contencioso-administrativo desafiando el ‘Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares’ que regula el contrato de servicios de mudanzas y traslado de mobiliario municipal del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. De acuerdo con la CCC, se solicita la suspensión cautelar de la cláusula 19.3.j, que establece requisitos lingüísticos considerados excesivos para las empresas contratistas.
El Contenido del Recurso
Según un comunicado emitido por CCC, el pliego de condiciones no solo garantiza la atención en catalán, sino que también obliga al contratista a proporcionar toda la documentación necesaria en esta lengua. La organización argumenta que esta exigencia desplaza el uso del castellano, otra lengua oficial, al restringir la flexibilidad en la ejecución del contrato.
Inversión en Políticas Lingüísticas
CCC sostiene que la contratación pública no debería transformarse en un medio para imponer políticas lingüísticas que afecten a empresas privadas. La entidad resalta que tal práctica puede comprometer los principios de neutralidad y libre concurrencia, que son esenciales para asegurar la mejor prestación de servicios en condiciones equitativas.
Un Impacto en la Competencia Empresarial
La CCC expresa que las cláusulas lingüísticas plantean cargas organizativas y costos adicionales, desalentando a aquellas empresas que no tienen presencia local. Al requerir ajustes internos en los procesos burocráticos y humanos, la cláusula puede generar un efecto disuasorio significativo, limitando la participación en la licitación.
Solicitud de Suspensión Cautelar
Ante la preocupación por el avance del procedimiento de licitación, CCC ha pedido la suspensión temporal de la controvertida cláusula. Argumentan que permitir que este proceso continúe sin medidas conservativas podría resultar en consecuencias irreversibles, afectando la competencia y obstaculizando cualquier posibilidad de revisión judicial posterior.
Postura de CCC
Ángel Escolano, presidente de CCC, señaló: “La Administración no puede utilizar la contratación pública para imponer un modelo lingüístico a empresas privadas. La neutralidad también rige en servicios cotidianos como las mudanzas municipales”. Añadió que el objetivo del recurso no es obstaculizar el servicio, sino neutralizar la cláusula lingüística hasta que haya un fallo judicial.
En el pasado, CCC ya había impugnado otras iniciativas similares, como el concurso público para el servicio de desratización en Vic, también bajo el mismo Ayuntamiento, que había sido sancionado por imponer requisitos lingüísticos inadecuados a sus trabajadores.
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