El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha mantenido la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Palencia, que resalta la gravedad de los delitos cometidos por la acusada. La defensa había apelado la sentencia, argumentando la vulneración de la presunción de inocencia y pidiendo, en su defecto, un reconocimiento de eximente por problemas de alcoholismo. Sin embargo, el TSJCyL desestimó ambos recursos.

Pruebas que Confirman la Verdad

En su evaluación, el tribunal validó las pruebas recogidas durante la primera instancia, destacando el testimonio del menor en un ambiente considerado creíble y consistente. Este testimonio contó con el respaldo de diversas evidencias, incluyendo declaraciones de testigos y informes psicológicos y forenses.

Detalles del Horrendo Caso

La Fiscalía describe que la madre, movida por un impulso libidinoso, aprovechó los momentos de soledad con su hijo para llevar a cabo las atrocidades. Esta situación se prolongó hasta el 5 de agosto de 2018, día en que la mujer, reconociendo sus problemas con el alcohol, contactó a los servicios de emergencia para pedir ayuda, admitiendo que tanto ella como su hijo no habían comido durante varios días.

Intervenciones y Consecuencias

La llamada al 1-1-2 desencadenó una rápida intervención de servicios sociales, llevando a la acogida del niño en un centro especializado y a su posterior tutela por parte de la Junta de Castilla y León. La denuncia formal se presentó en 2022, tras revelaciones del menor a monitores de un campamento.

Decisión del Tribunal de Apelación

El TSJCyL también se manifestó en contra de las alegaciones de contradicciones en el relato del menor, reafirmando su credibilidad. Si bien se reconoció una eximente incompleta por intoxicación etílica, se determinó que el estado de la acusada no anuló por completo su capacidad de decisión y entendimiento.

Penas Confirmadas

Así, además de la pena de tres años de prisión, el tribunal impuso una prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima durante cinco años, así como una indemnización de 30,000 euros por daños morales, reflejando la gravedad del caso y la necesidad de proteger al menor afectado.