Juanfran Pérez Llorca defiende la gestión de la inmigración en la Comunidad Valenciana
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se pronunció enérgicamente sobre la situación migratoria en la región, enfrentándose a las críticas del portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, quien cuestiona el impacto social y económico de la llegada de migrantes.
En una reciente declaración, Llorca destacó que los servicios sociales de la Comunidad Valenciana están bajo una presión sin precedentes, citando datos específicos: hasta el 31 de marzo, la Generalitat atiende a casi 600 menores migrantes no acompañados. Aseguró que la administración regional está cumpliendo con la legalidad, pero denunció que la distribución de estos menores responde a intereses políticos más que a las capacidades reales de acogida. “Se trata de un asunto electoral”, afirmó el president, alineándose con las preocupaciones de Vox.
Críticas al Gobierno central por «mercadear» con la inmigración
Durante su intervención, Llorca acusó al Gobierno central de “mercadear con el drama” de la inmigración para obtener beneficios políticos. Agregó que otras comunidades, como País Vasco o Cataluña, no están enfrentando la misma carga. “Estamos recibiendo más menores de los que podemos atender, lo que resulta en una situación insostenible”, lamentó.
Advirtió sobre la posibilidad de que un nuevo sistema de acogida permita la llegada de hasta 1.900 menores no acompañados, a pesar de que la actual infraestructura cuenta con solo 1.800 plazas disponibles. “Faltan recursos y espacios; seguir adelante con esto es irresponsable”, sostuvo. Además, criticó un decreto de regularización aprobado por el Gobierno, tildándolo de «irresponsable» por sus posibles repercusiones en los servicios de salud y asistencia social en la comunidad.
Asegura que la responsabilidad de la situación recae en el Gobierno español
Llorca subrayó que la solución no debe recaer únicamente en la Comunidad Valenciana, señalando la ausencia de financiación adecuada y mecanismos de compensación que faciliten la atención a la migración. Este contexto, según él, se enmarca en una manipulación política destinada a perjudicar a la región. Por ello, el Consell tiene la intención de llevar el proceso de regularización ante los tribunales para proteger a la población valenciana.
Por su parte, José María Llanos centró su discurso en el impacto financiero de la inmigración, señalando que el gasto sanitario asociado asciende a más de 555 millones de euros. “La Comunidad Valenciana no puede cargar con esta cantidad”, expresó, solicitando al Consell un informe detallado sobre el coste. Aseguró que esta situación implica un detrimento para quienes han contribuido al sistema durante años, al tiempo que se fomentaba lo que él denomina «turismo sanitario».
Advertencias sobre un posible “efecto sustitución” en Valencia
Llanos también hizo hincapié en un posible “efecto sustitución” en ciudades fronterizas como Ceuta y Melilla, sugiriendo que este fenómeno podría extenderse a la Comunidad Valenciana. “Es nuestra responsabilidad defender a los valencianos y priorizar los recursos destinados a la población autóctona”, concluyó, instando a una revisión del gasto social en la región.
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